Las escuelas técnicas de Entre Ríos atraviesan un momento de incertidumbre debido a la posible modificación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional. En diálogo televisivo, los rectores Daniel Morali (ENET Nº1 “Gral. Francisco Ramírez”) y Jorge Sanabria (Escuela Técnica Nº5 “Malvinas Argentinas”) advirtieron que los cambios podrían afectar la esencia misma de estas instituciones: la formación en taller, el equipamiento y la infraestructura que sostienen el “saber hacer”.

En el primer tramo del programa, Morali explicó cómo se financian hoy las escuelas técnicas: “El financiamiento de la educación técnica tiene dos grandes componentes: la carga salarial, que está a cargo de la jurisdicción, y el fondo para el fortalecimiento de la educación técnico profesional creado por el artículo 52”. Dicho fondo —agregó— nunca alcanzó el 0,2% del PBI establecido por ley.

Sanabria complementó la idea recordando los años de mayor inversión: “En el 2009 arrancamos con el financiamiento. La provincia destinaba fondos a escuelas homologadas y se empezó a comprar equipamiento para ciclos básicos, superiores, laboratorios, talleres y bibliotecas”. Pero hoy, afirmó, el escenario es otro: “Ahora directamente hay un monto estipulado para insumo, herramientas y máquinas, y alguna refacción mínima”.

Equipamiento insuficiente y la realidad de los talleres

Uno de los momentos más didácticos de la entrevista llegó cuando Sanabria llevó al estudio un instrumento para mostrar cómo cambió la enseñanza desde la llegada de los fondos: “Yo cuando me recibí, esto lo estudié de pizarrón. Pasaron 30 años para que podamos tener esto del pizarrón a la realidad”. El testimonio ilustra la brecha entre la teoría y la práctica cuando los talleres carecen de equipamiento.

Morali detalló, incluso con números concretos, lo que representa el financiamiento actual en una escuela grande: “Llegaron 2.920.000 pesos divididos en tres líneas: 350.000 para acondicionamiento edilicio, 400.000 para herramental menor y 2.200.000 para insumos. En mi escuela, eso equivale a un promedio de 2.200 o 2.300 pesos por alumno en todo un año. Claramente no alcanza”.

Los rectores también explicaron que la merma en los fondos genera un desplazamiento de responsabilidades hacia las familias: “Las escuelas empezaron a prepararse. A la familia le fuimos hablando que los materiales no iban a ser gratis y que sí o sí tenían que traerlos desde sus casas”, dijo Sanabria. Cuando esto no es posible, entran en juego las cooperadoras o soluciones improvisadas dentro de los talleres.

Títulos colegiables y soberanía industrial

Más allá de la urgencia económica, ambos rectores defendieron el valor estratégico de las escuelas técnicas para el país. Morali explicó que ciertas tecnicaturas permiten ejercer profesionalmente: “Un maestro mayor de obras puede proyectar un subsuelo, planta baja, tres pisos y terraza accesible. Un técnico mecánico electricista puede trabajar en media tensión hasta 13.200 V”.

Esa formación, afirmaron, está directamente vinculada con el desarrollo nacional. Morali fue contundente: “Un país que no tiene soberanía industrial no puede cumplir el objetivo de la educación técnico profesional. No podemos pensar en términos de libertad si no tenemos soberanía”.

Sanabria, por su parte, añadió que la actualización curricular es urgente: “Seguimos con contenidos y resoluciones de más de 30 años. Hace 10 años ya debería haberse actualizado”.