La diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard, integrante del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Nacional en Salud Mental hasta el 31 de diciembre de 2027. La propuesta apunta a garantizar la implementación efectiva de la Ley 26.657, con un enfoque integral, territorial y con fuerte respaldo presupuestario.
El proyecto contempla la creación de un Plan Nacional de Acción en Salud Mental, que articule la formación y fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, infraestructura comunitaria, campañas de información, capacitación obligatoria para agentes sanitarios, docentes y fuerzas de seguridad, además de la formación de nuevos profesionales.
“Hoy los derechos están reconocidos en la ley, pero no garantizados en la práctica. Esta emergencia es el primer paso para construir un sistema accesible, humano y verdaderamente federal”, afirmó Gaillard.
Una de las principales novedades es la creación de dos fondos específicos: uno destinado a consolidar los equipos de atención, y otro para invertir en infraestructura y obra pública, con el fin de construir casas de medio camino, dispositivos de internaciones breves y adecuar hospitales generales para garantizar atención digna y oportuna.
Los recursos provendrán de asignaciones presupuestarias específicas y de un fondo federal solidario, coparticipable con las provincias, que será financiado con el 30% de las retenciones a la soja. Esto permitirá que los fondos lleguen a todas las jurisdicciones del país, incluso a los municipios, con criterios de equidad territorial y sostenibilidad fiscal.
Otro punto central del proyecto es el restablecimiento del Plan Remediar en su componente de salud mental, garantizando el acceso gratuito a psicofármacos y medicamentos esenciales en hospitales públicos y centros de salud. “No puede ser que el tratamiento de una persona dependa de su provincia o de su bolsillo”, sostuvo la legisladora.
El proyecto se basa en un diagnóstico crítico: el 70% de los profesionales en salud mental se concentra en el AMBA, el presupuesto actual representa apenas el 1,8% del gasto en salud, cuando la ley exige un mínimo del 10%, y el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes y jóvenes. Además, se observa un fuerte impacto del consumo problemático y el uso compulsivo de tecnologías digitales, agravado por la pandemia.
También se propone crear un programa nacional de acompañamiento y orientación para familiares y personas cercanas a quienes atraviesan padecimientos psíquicos, con el objetivo de brindar herramientas, información y contención. “La red de cuidado debe extenderse a toda la comunidad, no puede quedar solo en manos del sistema de salud”, remarcó Gaillard.
La diputada entrerriana subrayó que la emergencia no es solo una respuesta técnica, sino también “ética, jurídica y política frente a una deuda histórica del Estado con millones de personas que sufren en silencio y sin respuestas”.