En medio de las protestas por la nueva ley de discapacidad, Elonce dialogó con Sofía Diez, una joven paranaense que cursa el último año de la carrera de Acompañamiento Terapéutico en la Universidad Nacional de Córdoba. Sofía vive en la capital mediterránea, pero sigue de cerca el debate nacional por el impacto directo que tiene tanto en su vida profesional como personal.

"Como persona con discapacidad y futura profesional de la salud, estoy profundamente triste por lo que está ocurriendo. La prestación para las personas con discapacidad está en emergencia: hay muchos retrocesos, falta de cobertura, y una absoluta falta de inclusión", afirmó.

Diez también cuestionó duramente las recientes declaraciones del director nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien sostuvo que "el Estado no es responsable de que una familia tenga un hijo con discapacidad". Para ella, esas palabras fueron profundamente ofensivas: “Como persona discapacitada, sentirte discriminada desde el propio Estado no tiene perdón. Habla de lo poco que se hace por nosotros y de lo lejos que estamos de un enfoque integral de la discapacidad”.

Sobre el proyecto de ley, explicó que el reclamo actual apunta a que se declare la emergencia, y que si bien la normativa puede ser mejorada, su sanción es fundamental: “Con la ley aprobada se abre la puerta a mejoras reales. Es un principio básico de reconocimiento de derechos que deberían estar garantizados desde siempre”.

También mencionó los problemas estructurales en las prestaciones: “Los profesionales de salud cobran seis meses después de haber trabajado, y con la inflación eso ya no tiene valor real. Somos quienes menos cobramos, pero brindamos un acompañamiento vital".

Sofía resaltó que eligió su carrera por su propia experiencia: “Hace 30 años no existía el rol de acompañante terapéutico. Si lo hubiese tenido, mi inclusión escolar habría sido otra. Viví mucha discriminación que hoy se nombra como bullying. Mi familia cumplió ese rol de apoyo, pero no todas las personas tienen esa contención”.

Finalmente, subrayó que la ley no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que también busca que la sociedad las vea con dignidad: “El acompañante terapéutico aporta a la integridad de la persona, y eso es lo que hoy se está vulnerando”.

Sobre el Ley de Emergencia en Discapacidad

El Congreso de la Nación se prepara para debatir un proyecto de ley que busca garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La propuesta incluye medidas relacionadas con el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social.

La Ley de Emergencia en Discapacidad también contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos de servicios y el cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas con discapacidad.

En este sentido, se prevén incentivos para las empresas que decidan contratar a trabajadores de este grupo, con el objetivo de fomentar su inclusión en el mercado laboral. Este aspecto busca abordar una de las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito profesional.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia desde el Ejecutivo, que argumenta que la medida no se alinea con las metas de “déficit cero” y cuestiona su enfoque. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se han expresado críticas hacia el proyecto. Voceros de la entidad calificaron la iniciativa como “regresiva” y señalaron que apela a un modelo asistencialista que, según ellos, ya ha demostrado ser ineficaz.

El proyecto, que cuenta con al menos tres dictámenes en comisión, permite que sea llevado al recinto para su debate. No obstante, desde Casa Rosada se mantiene una postura firme en contra de la medida, priorizando el cumplimiento de las metas fiscales establecidas.