El soldado que se suicidó en la quinta presidencial de Olivos fue víctima de una organización dedicada a la extorsión digital que operaba desde cárceles bonaerenses, según confirmaron este lunes el Gobierno nacional y la Justicia Federal al presentar los resultados de una investigación que permitió reconstruir el entramado criminal detrás del caso.

Rodrigo Andrés Gómez, granadero de 21 años, se quitó la vida el 16 de diciembre pasado durante una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio donde reside el presidente Javier Milei. En aquel momento, la información oficial indicó que el joven soldado se había suicidado con su fusil reglamentario. La Justicia confirmó ahora esa hipótesis, pero reveló que el hecho estuvo precedido por una intensa extorsión económica y psicológica ejercida por una banda criminal que lo tuvo como una de sus víctimas.

La investigación fue presentada en una conferencia de prensa encabezada por autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional y por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien tuvo a su cargo la pesquisa. Allí se detalló cómo funcionaba lo que definieron como una “pyme del delito”: una estructura organizada, con roles definidos, que operaba desde el interior de unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires utilizando teléfonos celulares y aplicaciones digitales.

Una carta clave y una muerte bajo custodia

Las alarmas se activaron a partir de la carta que dejó Gómez antes de quitarse la vida y de la necesidad institucional de esclarecer qué había ocurrido con un soldado que murió a metros de donde dormía el Presidente de la Nación, en una zona de máxima seguridad.

En ese escrito, el joven relató el calvario que atravesó tras haber ingresado a una aplicación de citas. “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas”, escribió. En otro pasaje, dejó constancia del estado de desesperación al que había sido sometido: “Solo piden más y más plata. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa”.

La carta incluía, además, anotaciones con montos, cálculos de pagos realizados y referencias a transferencias, elementos que permitieron a los investigadores reconstruir el impacto económico y psicológico de la maniobra extorsiva.

La modalidad: perfiles falsos y el “audio del terror”

Según se informó oficialmente, la extorsión se inició con la creación de un perfil falso en la aplicación de citas Evermatch, bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. A partir de allí, se estableció un contacto destinado a generar confianza con la víctima, mediante mensajes y el envío de imágenes genéricas que no mostraban rostros.

Una vez consolidado ese vínculo, se activaba el mecanismo central de la estafa: la aparición de una supuesta “madre alterada” y la difusión del denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años y se la increpaba con insultos y amenazas.

El siguiente paso incluía un llamado telefónico de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguraba que existía una denuncia penal en curso y que era necesario realizar pagos urgentes para evitar consecuencias judiciales graves. Para dotar de verosimilitud al engaño, los estafadores usurparon la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad, Matías Nahuel Conti, cuya documentación había sido utilizada sin su conocimiento.

Transferencias, presión y reiteración del engaño

Las transferencias de dinero exigidas se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo.

Lejos de concluir tras los primeros pagos, la presión continuaba. Las víctimas eran sometidas a nuevas exigencias económicas bajo amenazas reiteradas, con el argumento de que la causa judicial seguía avanzando o que había nuevos costos para “cerrar el problema”.

En el caso de Gómez, la acumulación de deudas y la sensación de no tener salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de morir, documento que fue central para comprender el alcance del daño provocado por la banda.

Quiénes integraban la organización

La investigación permitió identificar a los principales responsables de la maniobra. Entre ellos se encontraban un hombre de apellido Francavilla, conocido como “Nahuel Contti”, detenido en la Unidad 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Arecó, también detenido en Magdalena. Los tres coordinaban las extorsiones desde el interior de las cárceles bonaerenses.

Además, fueron detenidas personas externas que colaboraban como receptoras de fondos y engranajes del circuito financiero. En total, se realizaron siete detenciones durante una serie de allanamientos simultáneos efectuados en viviendas particulares y establecimientos penitenciarios de la provincia.

“Un celular en una cárcel es un arma”

Uno de los ejes centrales de la exposición fue el uso sistemático de teléfonos celulares dentro de los penales. Funcionarios del Ejecutivo y la magistrada coincidieron en que los dispositivos móviles se han convertido en herramientas clave para la comisión de delitos intramuros.

La jueza explicó que, durante la pandemia, se habilitó el uso de celulares a partir de un habeas corpus colectivo que buscaba garantizar el contacto familiar, pero que esa habilitación se mantuvo luego sin una regulación clara. En la práctica, los internos acceden a redes sociales, aplicaciones bancarias y servicios de mensajería que les permiten organizar delitos complejos con alcance nacional.

Las pericias detectaron múltiples líneas telefónicas utilizadas desde las Unidades 36 de Magdalena y 26 de Olmos, lo que confirmó que el uso de celulares no era ocasional, sino parte estructural del funcionamiento de la organización.

Un fenómeno recurrente y estructural

Durante la presentación, se expusieron antecedentes de delitos cometidos desde cárceles en los últimos años, entre ellos estafas virtuales, grooming, extorsiones, redes de narcotráfico, robos de automotores y episodios de violencia de género coordinados desde prisión. Para la Justicia, estos casos demuestran que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno recurrente.

En ese marco, se utilizó el concepto de “pymes del delito” para describir estas estructuras criminales, que operan con lógica empresarial: división de tareas, captación permanente de víctimas, administración de recursos y continuidad en el tiempo.

Otro punto sensible abordado fue el de la corrupción. Según la jueza, el uso sostenido de celulares dentro de los penales no podría mantenerse sin connivencia o tolerancia de sectores del sistema penitenciario. Se habló de una “corrupción estructural” que facilita la persistencia de estas prácticas ilegales.

Respuesta estatal y consecuencias judiciales

La investigación demandó más de cincuenta días de trabajo e incluyó escuchas telefónicas, análisis financieros, pericias informáticas y seguimientos, con participación de la Justicia Federal, fuerzas de seguridad y organismos del Estado, publicó Infobae.

Como resultado, los detenidos que ya se encontraban presos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo. Además, se secuestraron teléfonos celulares, se bloquearon cuentas bancarias y se iniciaron los procesos judiciales correspondientes.

Los funcionarios remarcaron que los imputados no volverán a tener acceso a dispositivos móviles y que se reforzarán los controles en los establecimientos penitenciarios.