El Senado de la Nación aprobó por unanimidad una nueva ley de discapacidad que establece un régimen permanente de protección y mantiene los principales beneficios contemplados en la normativa de emergencia que vence en diciembre. La iniciativa recibió el respaldo de los 71 senadores presentes durante la sesión de este jueves y fue convertida en ley, tras un debate marcado por los reclamos de las organizaciones vinculadas al sector.
La decisión representó un cambio de posición del oficialismo nacional, que en 2025 había rechazado la Ley de Emergencia en Discapacidad. En esta oportunidad, acompañó una propuesta que reproduce prácticamente todo el esquema de beneficios de aquella normativa, pero elimina su carácter transitorio para establecer disposiciones permanentes.
La votación también se produjo después de que el papa León XIV expresara su respaldo a los reclamos de los colectivos de discapacidad. El acompañamiento de todos los bloques permitió avanzar con una legislación que busca garantizar la continuidad de prestaciones, pensiones y mecanismos de financiamiento.
Qué establece la nueva ley de discapacidad
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, conserva los principales derechos establecidos en la Ley 27.793 y los incorpora a un régimen permanente y de orden público.
La modificación central consiste en eliminar el plazo de vigencia asociado a la emergencia. De esta manera, las disposiciones no dependerán de renovaciones periódicas del Congreso y tendrán continuidad más allá de los cambios de gobierno.
Entre los puntos principales se encuentra la preservación de las pensiones no contributivas por discapacidad, junto con nuevas garantías relacionadas con la inserción laboral, la actualización de prestaciones y la cobertura de salud.
Pensiones por discapacidad compatibles con el trabajo formal
Uno de los aspectos más importantes de la legislación es que permite compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad con un empleo registrado o la inscripción en el monotributo.
El beneficio equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y podrá mantenerse siempre que los ingresos de la persona no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La disposición alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y busca evitar que el acceso a una actividad laboral implique automáticamente la pérdida de la prestación.
Este mecanismo procura facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, al permitirles desarrollar una actividad económica dentro de los límites establecidos sin renunciar al respaldo económico previsto por la legislación.
Actualización de aranceles y cobertura médica
La nueva normativa también ratifica el principio de nomenclador único de prestaciones, que establece valores de referencia para los servicios destinados a personas con discapacidad.
Además, dispone la actualización automática y periódica de los aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La medida apunta a sostener el valor de las prestaciones frente a la inflación y brindar mayor previsibilidad a los profesionales, instituciones y organizaciones que integran el sistema de atención.
Otro de los puntos centrales es la garantía de cobertura básica de protección médica a través del programa federal Incluir Salud, destinado a quienes perciben pensiones por discapacidad.
Financiamiento y auditorías del sistema
En materia presupuestaria, la ley establece que los recursos asignados al Ministerio de Salud para el sistema de discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Esta disposición busca asegurar un piso de financiamiento y evitar que la inflación reduzca la capacidad de cobertura de las prestaciones.
La legislación también incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre distintos organismos nacionales. Entre ellos se encuentran la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Los controles deberán desarrollarse bajo el principio del debido proceso inclusivo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a los beneficios.
Plazos para pagar deudas a prestadores y reglamentar la ley
Durante el tratamiento parlamentario, los bloques aliados solicitaron incorporar una cláusula transitoria relacionada con las obligaciones pendientes del sistema de discapacidad.
La disposición establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores, uno de los sectores que había planteado reclamos por las dificultades económicas vinculadas al sostenimiento de los servicios.
Asimismo, la normativa fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley, una vez cumplidos los pasos correspondientes para su entrada en vigencia. La reglamentación deberá precisar los mecanismos administrativos necesarios para aplicar las disposiciones y garantizar el funcionamiento del régimen permanente.
Otros temas tratados durante la sesión del Senado
La sesión de la Cámara alta comenzó pasadas las 11 y contempló una agenda legislativa que incluyó diferentes proyectos, además del tratamiento de la normativa de discapacidad. Entre los asuntos previstos figuraron la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, una iniciativa relacionada con la propiedad privada para restablecer la Ley de Tierras y el proyecto conocido como Ley Joaquín, detalló NA.
Antes del debate sobre discapacidad, el Senado dio ingreso formal a una serie de pliegos para cubrir cargos en la Justicia y trató el ascenso del titular de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, al grado inmediato superior de general de brigada.
El ascenso fue aprobado con 59 votos afirmativos, tres negativos y una abstención, con vigencia desde fines de diciembre de 2025. Finalmente, los legisladores aprobaron mociones para otorgar tratamiento preferencial a diferentes iniciativas durante la última sesión prevista para el 26 de noviembre. Entre ellas se encuentra una propuesta vinculada con la prórroga del Estatuto del Periodista.