El gobierno refuerza la seguridad en municipios y comunas. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmó convenios con 13 localidades entrerrianas para la adquisición de equipos de videovigilancia. A través del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose), se destinaron desde el inicio de la gestión más de 100 aportes a gobiernos locales para ser invertidos en prevención. Estos fondos son transferidos por la provincia a través del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas).
En esta oportunidad recibieron aportes los municipios de Basavilbaso, Los Charrúas, Villa del Rosario, Viale, Maciá, Sauce Montrull, Gobernador Mansilla, Ubajay, General Campos y las comunas de La Picada, Lucas Norte, Las Tunas y Sir Leonard. La iniciativa busca fortalecer el monitoreo preventivo en cada rincón de Entre Ríos.
Prioridad en seguridad
Al respecto, Roncaglia sostuvo: "La decisión del gobernador, Rogelio Frigerio, es clara respecto a la prioridad que significa la seguridad. Gracias a una administración transparente de los recursos que genera el Iafas, hoy volcamos ese dinero en beneficios directos para la gente. Es el juego oficial volviendo a la comunidad en forma de prevención y cuidado".
Asimismo, el ministro enfatizó la relevancia de equipar a las localidades más pequeñas. Sostuvo que "invertir en seguridad es una inversión en la paz social de nuestros vecinos. Que una comuna pueda sumar tecnología de videovigilancia significa tener ojos preventivos las 24 horas, acortando los tiempos de respuesta y llevando tranquilidad".
Trabajo conjunto
Roncaglia destacó el trabajo conjunto con la administración del Iafas para la provisión de estos equipos. "No podemos tener un policía en cada esquina, pero sí podemos sumar sistemas que son monitoreados por nuestros agentes. Eso nos ayuda a tener más presencia policial para la prevención y la acción inmediata", subrayó el funcionario.
Con estas firmas, el Gobierno de Entre Ríos reafirma el compromiso de dotar de herramientas tecnológicas a las fuerzas de seguridad y a los gobiernos locales, optimizando los recursos para combatir el delito y proteger a la ciudadanía de manera federal y eficiente.