(Francisco Jueguen para La Nación).

Reforma tributaria del Gobierno: cambios en Ganancias e impuestos internos. El Gobierno nacional presentará un capítulo tributario que incluye una serie de reformas destinadas a reducir la carga fiscal sobre distintos sectores productivos y de consumo. La iniciativa apunta a eliminar impuestos internos para autos, motos, embarcaciones, aeronaves, electrónicos y servicios como la telefonía celular, además de cambios en el Impuesto a las Ganancias, incentivos al mercado inmobiliario y la creación de un nuevo esquema para promover inversiones medianas.

El anuncio fue adelantado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que el proyecto contendrá un “régimen de incentivo para medianas inversiones; exención de IVA para energía eléctrica usada en procesos industriales; y eliminaciones impositivas importantes”. Sin embargo, tanto la Casa Rosada como el Ministerio de Economía aún no detallaron la letra final del paquete tributario ni del capítulo laboral que también está en evaluación.

Según borradores que circularon entre empresas, el Gobierno busca simplificar tributos, abaratar bienes durables, estimular la construcción y fortalecer la actividad económica a partir de menores costos fiscales, dio a conocer.

Cambios en Ganancias y beneficios para el mercado inmobiliario

Uno de los puntos centrales del borrador refiere al Impuesto a las Ganancias. Para aliviar el mercado de alquileres, se eximirían los ingresos provenientes de inmuebles destinados a vivienda. Esta exención busca incentivar la oferta y bajar los costos que enfrentan los inquilinos.

Además, se propone eliminar los impuestos cedulares aplicados sobre la renta financiera y la venta de propiedades. A partir del 1° de enero de 2026 quedarían exentos los resultados por la venta de inmuebles y la transferencia de derechos de propiedades adquiridas desde 2018. De esta forma, tras la eliminación del ITI, desaparecería el impuesto cedular para estas operaciones.

Con estos cambios, el mercado inmobiliario podría experimentar una caída de costos en la compra-venta, un reclamo sostenido del sector durante los últimos años. La expectativa oficial es que estas modificaciones impulsen la inversión en viviendas y la reactivación de la construcción.

Por otra parte, quedaría exenta del impuesto la renta financiera de fuente argentina, incluyendo acciones y obligaciones negociables sin cotización y ADRs. El borrador aclara que las monedas digitales sí estarán alcanzadas.

Modificaciones para actividades productivas y Ganancias empresarias

El borrador también introduce variaciones en la tributación de empresas. Para los ejercicios fiscales que inicien a partir del 1° de enero de 2026 se plantea una reducción en las escalas superiores: la alícuota media bajaría de 30% a 27% y la máxima de 35% a 31,5%, mientras que la primera escala se mantendrá en 25%.

Otro punto relevante es la actualización por IPC de los quebrantos impositivos, para aquellos generados desde ejercicios que comiencen en 2025. Esta actualización permitiría recuperar pérdidas de manera más eficiente ante períodos inflacionarios y fue impulsada por la Dirección Nacional de Impuestos.

En paralelo, para los sistemas de riego agroindustrial la alícuota de IVA se fijaría en 10,5%, lo que busca aliviar costos en uno de los sectores más sensibles a la variación tarifaria.

También se prevé que los establecimientos de invernada puedan asimilar su valuación a los de cría, una medida destinada a mejorar la rentabilidad de la actividad ganadera.

Eliminación de impuestos internos y cambios en bienes de consumo

El borrador anticipa una profunda reforma sobre los impuestos internos. Se eliminarían cargas sobre seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos automotores, motocicletas, embarcaciones deportivas y aeronaves. También se derogaría la Ley de Impuestos Internos vinculada a productos electrónicos, con impacto directo sobre precios de celulares, electrodomésticos y bienes tecnológicos.

Los impuestos internos solo se mantendrían para tabaco, bebidas alcohólicas, cervezas y bebidas analcohólicas.

El Gobierno sostiene que esta reestructuración impositiva permitirá abaratar sectores clave del consumo y la producción, reduciendo costos para la industria automotriz, electrónica y aeronáutica.

El nuevo RIMI: incentivos a medianas inversiones

Una de las novedades más significativas del proyecto es la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), considerado una versión acotada del RIGI para pymes y empresas nacionales.

El objetivo del RIMI será promover inversiones productivas, aumentar exportaciones y mejorar la competitividad. El régimen incluirá beneficios impositivos para empresas que desarrollen proyectos durante los dos primeros años de vigencia.

Las inversiones elegibles abarcarán la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables —excepto automóviles— y la realización de obras destinadas a actividades productivas. Quedarán excluidos los activos financieros, de portafolio y bienes de cambio.

Montos mínimos de inversión:

-Microempresas: USD 150.000

-Pequeñas empresas: USD 600.000

-Medianas tramo 1: USD 3.500.000

-Medianas tramo 2: USD 9.000.000

-Grandes empresas: USD 30.000.000

Beneficios fiscales del régimen

El RIMI otorgará un régimen de amortización acelerada en Ganancias. Los bienes amortizables podrán deducirse en dos cuotas anuales iguales, mientras que las obras podrán amortizarse con una vida útil reducida al 60% de la estimada.

Para equipos específicos, como riego agrícola o tecnología de alta eficiencia energética, la amortización será total en el primer año. También habrá beneficios para mallas antigranizo, bienes semovientes, minas y canteras.

En materia de IVA, los créditos fiscales generados por inversiones productivas podrán solicitarse para devolución luego de tres períodos fiscales. El régimen operará con un cupo presupuestario anual definido por Economía.

Exclusiones, caducidad y sanciones

El RIMI dejará fuera a empresas en quiebra, con deudas fiscales firmes, condenas por delitos tributarios o que ya accedan al RIGI por la misma inversión. Si alguno de estos supuestos ocurre después del ingreso al régimen, se producirá la caducidad.

Los bienes deberán permanecer en el patrimonio de la empresa por al menos dos ejercicios fiscales. En caso de incumplimiento, el beneficiario deberá reintegrar los créditos fiscales más intereses y una multa de hasta el doble de la franquicia.

(Con información de La Nación)