El Gobierno nacional inició negociaciones para intentar resolver la deuda que mantiene con el Pami, en un contexto de reclamos de clínicas, sanatorios y centros de salud por pagos atrasados. La situación afecta a más de 5,4 millones de afiliados y ya genera impacto en la prestación de servicios.
Las reuniones se realizaron este miércoles en la sede del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y en el Ministerio de Economía. Allí, autoridades del organismo y funcionarios nacionales analizaron el estado financiero del sistema.
El conflicto se vincula a la falta de transferencias del Tesoro nacional al área de Salud, lo que derivó en demoras en los pagos a prestadores. Como consecuencia, algunos centros comenzaron a restringir servicios o a plantear aumentos en los copagos a pacientes.
Reclamos del sector y reuniones clave
El titular del Pami, Esteban Leguizamo, recibió a representantes de las principales cámaras del sector (Adecra, Fecliba, Confeclisa, Salud Federal y Capres), en un encuentro que se extendió por dos horas.
Durante la reunión, los prestadores plantearon la falta de pagos y la necesidad de actualizar los aranceles. Sin embargo, no hubo definiciones concretas por parte del organismo.
Según consignó Clarín, más tarde se realizó otro encuentro en el Palacio de Hacienda entre equipos técnicos de los ministerios de Economía y Salud, donde se acordó avanzar en los próximos días con una solución.
Los números del conflicto
El Pami tuvo en 2025 un presupuesto de $8,85 billones, de los cuales el 80% correspondió a recursos operativos y el 20% a aportes del Tesoro nacional. Sin embargo, algunos programas registraron subejecución o directamente no se ejecutaron.
Uno de los casos mencionados es el desarrollo de prestadores sanitarios, que contaba con un presupuesto de $1.500 millones, un crédito asignado de $500 millones y ejecución nula.
En el sector privado estiman que la deuda del Gobierno con el organismo ronda los US$1.000 millones, equivalente a unos $1,40 billones, lo que representa cerca del 14% del presupuesto previsto para 2026, calculado en $10,17 billones.
Impacto en las prestaciones
La falta de fondos ya tuvo consecuencias concretas. Institutos de diagnóstico de la provincia de Buenos Aires denunciaron que no cobraron en marzo por servicios brindados a afiliados del Pami.
Desde el sector privado atribuyen la situación a una combinación de factores, entre ellos la caída de la recaudación, la eliminación del impuesto PAIS y la restricción del gasto público.