Diputados nacionales de distintos bloques opositores presentaron una declaración conjunta para exigir explicaciones al Gobierno de Javier Milei por su presunta participación en la salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial brasileño. Los legisladores reclamaron que tres funcionarios nacionales comparezcan ante la Cámara baja y solicitaron el reconocimiento oficial de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento fue difundido por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y contó con la participación de referentes de diferentes espacios políticos. Entre los firmantes mencionados estuvieron Myriam Bregman, del Frente de Izquierda; Esteban Paulón y Mariela Coletta, de Provincias Unidas; Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Ernesto Ali, de Primero San Luis, y Marcela Pagano, de Coherencia.
Los diputados solicitaron que el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno concurran al Congreso para brindar información sobre los hechos denunciados. En el comunicado, los legisladores calificaron la presunta intervención del Gobierno argentino como una "absoluta complicidad", una acusación que deberá ser esclarecida.
Los pedidos de la oposición al Gobierno nacional
La declaración incluyó un pedido para que el Poder Ejecutivo "responda con urgencia los pedidos de informes solicitados y/o por solicitar por las y los legisladores nacionales".
Asimismo, los firmantes reclamaron la "urgente presencia" de los tres funcionarios ante la Cámara de Diputados, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional, que contempla la posibilidad de convocar a ministros para recibir explicaciones e informes.
Los legisladores también exigieron que el Ejecutivo "reconozca formalmente el triunfo de Lula da Silva y refuerce el diálogo con Brasil para revitalizar la relación bilateral y restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países al más alto nivel, acorde a la historia en común y al carácter estratégico del vínculo".
Cómo fue el paso de Flávio Bolsonaro por Argentina
La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro ingresó a territorio argentino junto con su familia durante la noche del martes 27 de octubre, a través del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.
Según los registros difundidos, el dirigente brasileño ingresó a las 22:50 y abordó un avión privado en Puerto Iguazú a las 23:30. La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami, Estados Unidos.
La salida se produjo pese a las restricciones dispuestas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que le había prohibido abandonar el país y ordenado entregar sus pasaportes. La confirmación del desplazamiento abrió interrogantes sobre la intervención de las autoridades argentinas.
Investigan el posible papel de organismos nacionales
Los diputados opositores buscaron determinar si existió colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
También solicitaron investigar una eventual participación del asesor presidencial Santiago Caputo, ante versiones que lo ubicaban en Puerto Iguazú durante el operativo. Hasta el momento, esas sospechas no constituyen una comprobación judicial de su intervención.
Los pedidos de interpelación deberán atravesar el trámite parlamentario correspondiente antes de que la Cámara de Diputados pueda resolver la convocatoria de los funcionarios.
Reclamo por la relación diplomática con Brasil
La controversia también alcanzó al vínculo bilateral entre Argentina y Brasil. Los legisladores cuestionaron que el Gobierno de Javier Milei no hubiera reconocido formalmente la reelección de Lula da Silva.
En ese contexto, reclamaron restablecer el diálogo diplomático al máximo nivel y fortalecer la relación con Brasil, uno de los principales socios comerciales de Argentina.
La oposición sostuvo que el esclarecimiento del traslado de Bolsonaro y la normalización de las relaciones diplomáticas debían formar parte de las respuestas del Poder Ejecutivo ante el Congreso.