La detención de Santino Alvarado, hijo del narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, se concretó este jueves durante un operativo de la Policía Federal en el barrio Solares de Funes, en las afueras de Rosario. El joven es investigado por su presunta participación en una organización dedicada al narcotráfico, la comercialización de armas y el lavado de dinero. Según fuentes de la investigación, cuando los agentes ingresaron al domicilio, prendió fuego tres teléfonos celulares, aunque posteriormente fue detenido sin ofrecer resistencia.
El procedimiento formó parte de una investigación federal encabezada por los fiscales Matías Scilabra y Juan Argibay, que derivó en la detención de 12 personas vinculadas a la presunta estructura criminal. Entre los arrestados se encontraba el abogado Claudio Tavella, señalado como un posible intermediario entre Esteban Alvarado, alojado en el penal de Ezeiza, y los integrantes de la organización que continuaban operando en libertad.
De acuerdo con la investigación, Santino habría adquirido 13 autos y camionetas de distintas gamas, además de participar en operaciones inmobiliarias e inversiones realizadas mediante terceros. Los investigadores sospechan que esos movimientos formaban parte de un circuito destinado a introducir fondos de origen ilícito en actividades comerciales.
El presunto papel de Santino Alvarado en la organización
Según publicó Aire de Santa Fe, Santino Alvarado alternaba su residencia entre Rosario y Marbella, España, donde tendría un departamento. Su nombre había cobrado relevancia en investigaciones sobre la continuidad de los negocios de su padre y sus presuntos vínculos con sectores de la barra brava de Rosario Central.
Los fiscales sospechan que, tras la detención de Esteban Alvarado, su hijo adquirió un papel importante en la coordinación de actividades vinculadas al narcotráfico y en la administración de recursos económicos. Entre las operaciones investigadas figuran el cobro de dinero a terceros, la comercialización de estupefacientes, la venta de armas y municiones y el cambio de divisas.
Las pesquisas también apuntaron a la utilización de compraventas de vehículos de alta gama y propiedades adquiridas mediante presuntos testaferros. Algunas de las personas investigadas por esas operaciones estarían relacionadas con sectores de la hinchada de Rosario Central.
Escuchas telefónicas, seguimientos y vigilancia con drones
La investigación contó con la participación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los investigadores realizaron intervenciones telefónicas, seguimientos, tareas de vigilancia encubierta y observaciones mediante drones.
Estas medidas permitieron identificar domicilios, vehículos y contactos frecuentes de los sospechosos, además de reconstruir los posibles roles que cumplían dentro de la organización.
Otra de las personas señaladas en la investigación fue María Fernanda Rojas, a quien los investigadores atribuyeron un papel relevante en el manejo de fondos. Según las fuentes judiciales citadas, habría adquirido mayor importancia en la administración de las actividades de la estructura después del encarcelamiento de Esteban Alvarado.
Los vínculos con la barra de Rosario Central
La investigación también examinó las relaciones de Santino Alvarado con integrantes de la barra brava de Rosario Central y las tensiones con la organización criminal conocida como Los Menores.
En enero de 2025, tres meses después del asesinato del histórico barrabrava Andrés “Pillín” Bracamonte, Santino había participado de actividades relacionadas con un cambio de conducción en la hinchada. En ese período, Lautaro “Laucha” Ghiseli, vinculado a Los Menores, había adquirido protagonismo dentro del grupo, aunque posteriormente fue detenido en una causa por asociación ilícita.
Las relaciones entre ambos sectores se habrían deteriorado durante los últimos meses. En septiembre, Santino Alvarado se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación de Rosario para aportar información sobre una amenaza extorsiva dirigida contra su madre, Rosa Capuano.
Según la denuncia, los responsables exigían 300.000 dólares y amenazaban con matar a uno de sus hijos si no recibían el dinero. Entre las personas mencionadas en esa investigación figuraba Matías Gazzani, señalado como uno de los líderes de Los Menores y sobre quien pesaba una recompensa de 80 millones de pesos para obtener información que permitiera localizarlo.
El imperio criminal de Esteban Alvarado
Esteban Lindor Alvarado fue uno de los principales referentes del narcotráfico en Rosario y mantuvo durante años una disputa con la organización Los Monos. Su estructura criminal fue investigada por operaciones vinculadas al tráfico de drogas, el lavado de activos, el robo de vehículos y distintos hechos de violencia.
En noviembre de 2018, el secuestro y asesinato del prestamista Lucio Maldonado permitió avanzar en una investigación que terminó por exponer parte del funcionamiento de la organización. El cuerpo de la víctima fue encontrado junto a la autopista Rosario-Buenos Aires con un mensaje intimidatorio.
Alvarado permaneció prófugo durante tres meses hasta que fue detenido el 3 de febrero de 2019 en un camping de Embalse Río Tercero, Córdoba. Posteriormente, en 2022, fue condenado a prisión perpetua como instigador del secuestro y asesinato de Maldonado, además de su responsabilidad como jefe de una asociación ilícita y por ataques armados contra edificios judiciales.
En la Justicia federal también recibió una condena de 15 años de prisión por el transporte de 493 kilos de marihuana hacia Río Negro, secuestrados en 2017. En noviembre de 2024 sumó una condena de cinco años por lavado de activos y una multa de 62 millones de pesos.
La investigación que alcanzó a un exjuez federal
Las investigaciones sobre la organización de Alvarado también derivaron en actuaciones contra integrantes de la Policía de Santa Fe y funcionarios judiciales. Entre ellos se encontraba el exjuez federal Marcelo Bailaque, investigado por presuntas irregularidades en el tratamiento de causas vinculadas al narcotráfico.
Una de las sospechas judiciales apuntó a la demora de expedientes relacionados con Alvarado y a posibles vínculos entre personas de su entorno y colaboradores del entonces magistrado.
La investigación sobre lavado de activos había comenzado en 2015, pero el procesamiento de Alvarado se produjo recién en junio de 2022, cuando ya había recibido una condena a prisión perpetua en la Justicia provincial.
Con la detención de Santino Alvarado y otros sospechosos, los investigadores buscaron establecer cómo habría continuado funcionando la estructura criminal pese al encarcelamiento de su principal referente y determinar el destino de los fondos presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas.