La falta de designación del Defensor del Pueblo de la Nación motivó una denuncia ante la Justicia y volvió a poner en discusión las herramientas disponibles para defender los derechos colectivos de los ciudadanos. José Lucas Magioncalda, integrante de CONADUP, explicó a Elonce los fundamentos de la presentación y vinculó la situación con problemáticas como el deterioro de las rutas nacionales.

"El deterioro de las rutas, producto de muchos años de falta de mantenimiento y de realización de obras y, en los últimos años, de un abandono casi total, está generando una situación casi de intransitabilidad y de sumo peligro para la ciudadanía", sostuvo.

En ese marco, planteó que desde hace tiempo advierten sobre la ausencia de una autoridad que considera fundamental. Según indicó, si bien actualmente funciona la Defensoría del Pueblo, determinadas facultades para accionar judicialmente contra el Estado corresponden específicamente al Defensor.

Una vacante que lleva 17 años y medio

Magioncalda remarcó que transcurrieron 17 años y medio desde el cese del último Defensor del Pueblo y reclamó que diputados y senadores avancen con una designación. "La ciudadanía tiene derecho a estar protegida con todas las herramientas que tiene la Constitución", expresó.

Según explicó, una comisión bicameral debe proponer candidatos al Congreso para que posteriormente ambas cámaras decidan la designación con los dos tercios de sus miembros. El entrevistado cuestionó que ese procedimiento no haya conseguido avanzar durante todos estos años.

"Puedo entender que haya problemas o dificultades para ponerse de acuerdo, pero es inadmisible que todas las fuerzas políticas no se hayan puesto de acuerdo en elevar un conjunto de candidatos para acercarnos más a una decisión definitiva", manifestó.

El cuestionamiento a la Comisión Bicameral

Al ser consultado sobre responsabilidades, Magioncalda señaló que la comisión está integrada por 14 legisladores de distintas fuerzas políticas. Aclaró, no obstante, que la presentación no pretende concentrarse individualmente en cada integrante.

"Lo que nosotros decimos es: esta gente no está haciendo su trabajo, no está elevando un conjunto de candidatos para que las cámaras lo designen", afirmó. También cuestionó que se mantenga la estructura institucional de la Defensoría sin contar con su máxima autoridad.

"¿Qué es lo que estuvimos pagando hace 17 años y medio si hoy no tenemos ese servicio institucional que debería brindarnos el Estado?", preguntó, y sostuvo que esa función está contemplada constitucionalmente.

Qué dijo sobre las rutas de Entre Ríos

Consultado por las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos, Magioncalda aclaró que los abogados de la entidad no realizaron una inspección directa, aunque aseguró que reciben reclamos y fotografías provenientes de diferentes lugares del país.

"Es evidente la falta de mantenimiento, los pozos; es muy claro que están en mal estado", afirmó. Además, señaló que existen resoluciones judiciales relacionadas con determinados corredores o tramos, aunque sostuvo que en ocasiones el Estado no las cumple o lo hace fuera de término.

Para Magioncalda, "hace falta una decisión judicial de alto nivel que aborde todo el conjunto del problema", dado que se trata de rutas nacionales y, según remarcó, "todos los ciudadanos contribuyen a la Nación y todos deben recibir la misma prestación".

Los próximos pasos de la denuncia

Sobre el avance judicial, informó que la causa fue sorteada y recayó en el juzgado del doctor Ariel Lijo. Explicó que uno de los pasos posibles es que los denunciantes sean convocados para ratificar formalmente la presentación.

Posteriormente, será el fiscal quien deberá decidir si considera que corresponde avanzar y abrir una investigación. Magioncalda sostuvo que el Congreso tiene documentadas las reuniones de la Comisión Bicameral, por lo que podría determinarse si se realizaron encuentros y qué asuntos fueron abordados.

"Seguramente vamos a poder demostrarle al juez que no hay una voluntad real de avanzar con la designación de los candidatos", concluyó. El planteo apunta a que se investigue la falta de avances para cubrir un cargo que, según remarcó, resulta central para la defensa de los derechos colectivos de los ciudadanos.