Un hombre de 34 años presentó una demanda contra AstraZeneca y el Estado nacional por más de $191 millones, al atribuir una serie de graves problemas de salud a dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 que recibió durante 2021 en Salta. La existencia de un nexo causal entre las inoculaciones y las patologías denunciadas todavía deberá ser determinada judicialmente.
El demandante fue identificado como Emanuel Alejandro Ocaña Francia, quien reclamó una reparación por incapacidad sobreviniente, daño moral y daño emergente. Además, planteó un daño punitivo contra la farmacéutica y solicitó, de manera subsidiaria, acceder al Fondo de Reparación previsto por la Ley 27.573.
Según la presentación judicial, recibió la primera dosis de AstraZeneca el 17 de junio de 2021 y la segunda el 29 de agosto del mismo año. La demanda sostuvo que posteriormente comenzó a experimentar problemas de salud que, con el paso del tiempo, incluyeron episodios convulsivos y alteraciones cardiovasculares, renales y neurológicas.
Los problemas de salud incluidos en la demanda
Entre los diagnósticos incorporados al expediente se mencionaron síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa, enfermedad renal, trombocitopenia y secuelas neurológicas.
La documentación médica mostró que Ocaña atravesó distintas internaciones durante los años posteriores. Un resumen de historia clínica del Hospital San Bernardo correspondiente a octubre de 2022 consignó antecedentes de múltiples episodios convulsivos tónico-clónicos generalizados y una hipertensión arterial severa de reciente diagnóstico.
Además, una resonancia magnética cerebral mostró lesiones interpretadas como isquémicas subagudas y otras cavitadas en ambos hemisferios cerebelosos.
En noviembre de 2023, el paciente ingresó al Hospital Italiano de Buenos Aires para realizarse nuevos estudios y evaluar alternativas terapéuticas. Según la documentación aportada, permaneció internado en Terapia Intermedia y recibió diagnósticos de síndrome antifosfolipídico y plaquetopenia severa, además de presentar alteraciones de la función renal y antecedentes de epilepsia vinculada a lesiones encefálicas.
El certificado presentado como una prueba central
Entre los elementos incorporados a la demanda figura un certificado médico fechado el 20 de agosto de 2024, emitido por el médico Agustín Muñoz, del Sanatorio San Roque de Salta.
El documento fue presentado por la parte demandante como un “certificado médico con nexo causal” y consignó el caso como un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI).
El certificado hizo referencia a un síndrome de trombocitopenia-trombosis postvacunación con AstraZeneca y mencionó complicaciones como accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales con alteraciones cognitivas, convulsiones que requirieron medicación y compromiso renal.
También indicó la necesidad de mantener tratamientos con antihipertensivos, antiepilépticos, anticoagulantes, hidroxicloroquina y estatinas.
No obstante, la incorporación de ese certificado al expediente no implica que la relación causal haya sido establecida judicialmente, cuestión que será uno de los puntos centrales del proceso.
Cuánto reclama a AstraZeneca y al Estado
La demanda calculó un reclamo total de $191.066.282,99, distribuido en distintos conceptos indemnizatorios. Entre ellos se incluyeron una suma por incapacidad sobreviniente, $28 millones por daño moral, $700.000 por daño emergente y más de $50 millones en concepto de daño punitivo, este último dirigido específicamente contra AstraZeneca.
Además, Ocaña pidió subsidiariamente acceder al Fondo de Reparación Covid-19 establecido por la Ley 27.573, cuyo monto fue calculado en $63.817.680 al momento de realizar la presentación.
La parte demandante incorporó también un análisis médico-legal particular realizado en noviembre de 2024 que estableció una incapacidad del 70%. Ese porcentaje forma parte de la prueba aportada y deberá ser contrastado durante el proceso.
La Justicia deberá establecer si hubo relación causal
Uno de los aspectos determinantes del expediente será establecer si las enfermedades y secuelas denunciadas pueden atribuirse efectivamente a la vacunación contra el Covid-19.
Para ello, la defensa de Ocaña solicitó una pericia médica oficial que analice las historias clínicas, estudios de laboratorio, resonancias y el resto de la documentación incorporada.
Los especialistas deberán determinar cuáles son actualmente las patologías y secuelas del demandante, cuál es su grado de incapacidad y si esas afecciones pueden vincularse causalmente con las dosis recibidas.
También se pidió que los peritos establezcan si los cuadros denunciados resultan compatibles con efectos adversos conocidos de la vacuna y si las secuelas físicas y psíquicas son reversibles o permanentes.
De esta manera, tanto el certificado médico como el registro ESAVI y el informe que calculó una incapacidad del 70% constituyen elementos aportados por el demandante para sostener su reclamo, pero la determinación definitiva sobre la causalidad y las eventuales responsabilidades de AstraZeneca y del Estado nacional quedará sujeta a la producción de pruebas y a la resolución de la Justicia. (con información de El Tribuno)