La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una etapa clave con la citación a declarar de cuatro mujeres señaladas como acreedoras en operaciones inmobiliarias: dos de ellas fueron convocadas para este lunes y las restantes para el miércoles, en calidad de testigos.
Las primeras en declarar serán Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes figuran como prestamistas de un crédito de 100.000 dólares otorgado al funcionario, con garantía hipotecaria sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
En tanto, el miércoles deberán presentarse Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, jubiladas que participaron en la venta de otra propiedad en Caballito. Según la investigación, el inmueble fue adquirido mediante una hipoteca entre privados, con un pago inicial y un saldo importante a cancelar en el futuro.
Investigación patrimonial
La causa está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes dispusieron levantar el secreto fiscal de las testigos para analizar su capacidad económica y verificar la trazabilidad de los fondos involucrados.
En ese sentido, se solicitó información a organismos fiscales sobre ingresos declarados, bienes, actividad económica y otros datos relevantes que permitan determinar si las operaciones se condicen con la situación patrimonial de las personas involucradas.
Requerimientos a las testigos
Además de las declaraciones, la fiscalía pidió que las testigos concurran a tribunales con sus teléfonos celulares, a fin de facilitar el acceso a mensajes, audios, correos electrónicos y registros de llamadas vinculados a las operaciones investigadas.
El objetivo es reconstruir los vínculos y condiciones en las que se realizaron los préstamos y transacciones inmobiliarias, en el marco de la causa que analiza posibles irregularidades en el patrimonio del funcionario.
Contexto de la causa
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y también incluye otras líneas de análisis, como presuntas dádivas relacionadas con viajes y contratos vinculados a la órbita estatal.
Con el avance de estas declaraciones, la causa entra en una fase decisiva, donde la Justicia buscará determinar si existieron inconsistencias o irregularidades en las operaciones financieras del jefe de Gabinete.