Este jueves, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) participó de la primera reunión del Consejo Consultivo del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, donde se discutieron temas clave relacionados con las condiciones de detención en las dependencias policiales de Entre Ríos. Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la creciente preocupación por el trato y la atención de la salud mental de las personas privadas de libertad en las alcaldías.

"Lo que se ha expuesto y sobre lo que vamos a trabajar es la situación en las alcaldías, particularmente cuando se trata de personas con problemas de salud mental o consumo problemático", comentó a Elonce María Emma Bargagna, directora general de Derechos Humanos, quien participó de la reunión. Según la funcionaria, la policía no está equipada para tratar crisis mentales complejas, y el actual protocolo, que cubre solo los casos de crisis en la vía pública, no contempla adecuadamente las situaciones que surgen cuando estas personas son privadas de libertad por más tiempo, mientras espera una orden judicial, como cuando entran en abstinencia debido a adicciones.

Bargagna remarcó que las fuerzas policiales deben contar con herramientas adecuadas para manejar estas situaciones, más allá de los protocolos que ya existen para los casos de crisis en el espacio público. "Es necesario que esas herramientas se adapten a las circunstancias que se dan dentro de las comisarías, porque en este momento no las hay", subrayó destacando la importancia de la intervención de profesionales de salud mental en estos casos.

El rol de los profesionales de salud mental en las dependencias policiales

Una de las principales preocupaciones de la directora es el déficit en la atención de la salud mental de las personas privadas de libertad, especialmente aquellas que atraviesan crisis por adicción o trastornos mentales. "La policía no es un psiquiatra, no es un médico, no es un psicólogo. Y esa es una realidad que tenemos que abordar", expresó.

El encuentro también abordó la necesidad urgente de crear una línea de acción para que las comisarías puedan contar con el apoyo de profesionales de salud mental de manera permanente. "Es fundamental que la policía esté acompañada por los expertos en salud mental, tanto de salud pública como de las instituciones correspondientes, para poder manejar estas situaciones de manera adecuada", agregó Bargagna, quien destacó que el problema es complejo y requiere de un enfoque integral.

Otro tema discutido fue el rol de los psiquiatras dentro de las unidades penales. En la reunión se dio lugar a un debate sobre si los psiquiatras que atienden a las personas privadas de libertad deberían formar parte del sistema penal o, por el contrario, deben ser profesionales independientes de la estructura carcelaria. "Hay voces que afirman que los psiquiatras deben ser ajenos al sistema penal, como sucede en el sistema penal federal", señaló la directora, remarcando su perspectiva sobre la importancia de contar con profesionales autónomos que puedan ofrecer una atención.

Avanzar hacia soluciones concretas para mejorar la atención en salud mental

El Consejo Consultivo del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura es un órgano clave para abordar este tipo de problemáticas, ya que está conformado por instituciones tanto públicas como privadas que tienen injerencia en los temas penitenciarios. En la reunión, se manifestó un consenso general sobre la necesidad de avanzar en soluciones concretas. Bargagna destacó la importancia de lograr acuerdos entre todos los actores involucrados, ya que "cada participante puede aportar mucho para encontrar soluciones eficaces".

"Estamos trabajando para mejorar la articulación con el Hospital Escuela de Salud Mental y con la Dirección General de Salud Mental de la provincia", explicó la funcionaria, quien mencionó la necesidad de reforzar los vínculos entre las autoridades policiales y los profesionales de la salud mental. La doctora también remarcó que el trabajo con la policía es fundamental, ya que "cuanto más profesionalizada esté, mejor será la situación".

Por último, la directora general de Derechos Humanos expresó que uno de los pasos hacia la mejora de estas condiciones podría ser la creación de un protocolo claro que oriente a los agentes de seguridad sobre cómo manejar las situaciones de crisis mental y adicciones. "Necesitamos un protocolo que se asuma como un una guía de conductas a cumplir y tener a mano las referencias básicas para poder atender a esas personas sin violentarles los Derechos Humanos ", concluyó Bargagna.

Este tipo de reuniones y propuestas son un paso importante hacia la mejora de las condiciones de detención y atención en las dependencias policiales de Entre Ríos, y es esperable que las acciones acordadas en el Consejo Consultivo se traduzcan en cambios concretos en el corto plazo.