El Gobierno nacional creó un sistema de coordinación de la política exterior que obligará a los organismos de la Administración Pública Nacional a comunicar a Cancillería determinadas actividades internacionales que puedan tener incidencia sobre los intereses del país, con especial atención a la cuestión de las Islas Malvinas.
La medida fue establecida mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial y busca centralizar la información relacionada con contactos, reuniones, negociaciones y actuaciones de dependencias nacionales frente a gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
Uno de los principales ejes de la norma quedó puesto sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, en línea con la estrategia que el Poder Ejecutivo viene desplegando sobre las actividades desarrolladas sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
Cómo funcionará el nuevo sistema
Los organismos nacionales alcanzados deberán informar a Cancillería aquellas acciones que puedan incidir en los lineamientos de la política exterior argentina.
El mecanismo apunta a evitar que diferentes dependencias estatales desarrollen iniciativas internacionales sin conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando exista la posibilidad de afectar posiciones diplomáticas sostenidas por el país.
Para instrumentar el esquema, cada organismo deberá contar con un responsable que actuará como enlace con Cancillería, encargado de canalizar la información correspondiente.
La cartera diplomática tendrá además la posibilidad de formular observaciones y recomendaciones cuando considere que una determinada actividad pueda entrar en conflicto con los lineamientos definidos por el Gobierno.
Especial atención sobre Malvinas
El decreto otorgó particular importancia a cualquier actuación que pueda tener consecuencias directas o indirectas sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas.
La decisión se conoció pocos días después de que el Gobierno también reforzara los procedimientos administrativos contra empresas y personas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las aguas circundantes a las islas.
En una norma anterior, el Poder Ejecutivo había establecido nuevos mecanismos para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra quienes participen en la exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización nacional.
El Gobierno sostuvo en aquel decreto que esas actividades comprometen recursos naturales de la plataforma continental argentina y se desarrollan en un área cuya soberanía permanece en disputa.
Coordinación de la política exterior
Con la nueva estructura, el Ejecutivo pretende que las distintas áreas estatales mantengan una actuación coordinada frente a otros países, organizaciones multilaterales y actores internacionales.
La medida alcanza a organismos nacionales, pero no establece nuevas obligaciones para provincias, municipios ni particulares.
El nuevo esquema se inscribe además en una agenda oficial que durante los últimos días volvió a colocar al Atlántico Sur, Malvinas y la proyección antártica entre las prioridades de la política exterior y de defensa nacional.