Un contratista rural de Federal fue condenado por explotar laboralmente durante 10 años a un trabajador que permanecía en condiciones calificadas por la Justicia como “indignas e inhumanas”. El acusado reconoció los hechos en un juicio abreviado y recibió tres años de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no irá a prisión.

Se trata de César Antonio Girolami, de 60 años, quien fue declarado responsable del delito de trata de una persona mayor de 18 años con fines de explotación laboral, mediante captación y traslado y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

Además de la condena a la que accedió Uno, Girolami acordó pagarle a la víctima $22 millones en concepto de reparación integral.

Vivía en una choza sin agua, luz ni sanitarios

La víctima es un trabajador oriundo de Misiones, actualmente de 45 años, que fue llevado a trabajar en un establecimiento rural ubicado en Distrito Banderas, departamento Federal.

La historia comenzó en 2010, cuando un hermanastro del trabajador le presentó a Girolami, quien buscaba personal para desempeñarse en la estancia “Las Piedras”, perteneciente a la empresa Doña Inés SA.

De acuerdo con lo acreditado en la causa, desde al menos 2011 la víctima fue alojada en el paraje La Madrugada, situado a unos 15 kilómetros del casco de la estancia.

Permanecía aislada, en una zona inundable y sin agua potable, sanitarios ni energía eléctrica. El piso era de tierra y su vivienda consistía en una precaria estructura construida con silo bolsa sostenido por palos.

La sentencia también estableció que no contaba con alimentación suficiente.

La jueza federal Noemí Marta Berros calificó las condiciones en las que permanecía el trabajador como “francamente indignas e inhumanas”.

Talaba árboles para fabricar postes de alambrado

El trabajador contó que llevaba aproximadamente una década viviendo de esa manera y que su tarea consistía principalmente en talar árboles destinados a la fabricación de postes para alambrados.

Durante aquellos años sufrió además la amputación de algunos dedos de una mano.

La investigación determinó que se trataba de un empleo no registrado y que la remuneración era insuficiente.

Trabajadores que declararon en la causa señalaron que Girolami le pagaba “una miseria” y que incluso le descontaba gastos correspondientes a la nafta y el aceite utilizados para la motosierra.

Compañeros de la víctima también relataron que eran ellos quienes le acercaban agua, comida, ropa y otros elementos básicos debido a las condiciones en las que se encontraba.

Cómo descubrieron la situación

El caso comenzó a salir a la luz el 15 de diciembre de 2021, cuando representantes de la Secretaría de Trabajo llegaron hasta el lugar luego de que empleados del organismo advirtieran las condiciones en las que vivía el hombre.

Gonzalo Cruz Olier, delegado departamental de Trabajo, dejó asentada la situación encontrada durante aquella intervención. “Dejamos constancia de que se encontraba en condiciones indignas e inhumanas sin amparo ante las condiciones climáticas”, informó el funcionario en el marco de la causa.

El establecimiento fue allanado el 23 de diciembre de 2021. Del procedimiento participaron efectivos de Gendarmería Nacional y personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Lo sacaron del campo después de la inspección

La investigación incorporó los testimonios de distintos trabajadores del establecimiento, quienes identificaron a Girolami como responsable de la situación laboral de la víctima.

Según declararon, después de la inspección el contratista apartó al trabajador del establecimiento.

“Después de la inspección lo sacó y lo dejó afuera de la tranquera”, señalaron testimonios incorporados a la causa.

Los compañeros expresaron además preocupación por la situación del hombre, ya que, según indicaron, no contaba con una red familiar cercana y había generado vínculos con ellos durante los años que permaneció trabajando en el establecimiento.

Reconoció los hechos en un juicio abreviado

El acuerdo de juicio abreviado fue formalizado el 17 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay, con intervención de la vocal subrogante Noemí Marta Berros. La sentencia fue rubricada el 1º de octubre.

El acuerdo estableció que Girolami captó y trasladó a la víctima desde al menos 2011 hacia distintos campos y que esa situación se extendió hasta diciembre de 2021 con fines de explotación laboral.

Su conducta fue encuadrada en el delito de trata de personas mayores de 18 años con fines de explotación laboral, contemplado por el artículo 145 bis del Código Penal.

Para determinar la pena se aplicó la normativa vigente al momento de iniciarse los hechos, por resultar más benigna, con una escala de entre tres y seis años de prisión.

Girolami recibió el mínimo previsto: tres años de prisión de cumplimiento condicional, al tratarse de su primera condena.

También deberá fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

La jueza: hubo “precariedad y cosificación”

Al homologar el acuerdo, Berros consideró que existía un amplio cuadro probatorio compuesto, entre otros elementos, por testimonios de trabajadores y el informe de profesionales del Programa Nacional de Rescate.

“En su plan criminoso estuvo siempre presente ese fin de explotación laboral”, sostuvo la magistrada.

Y agregó que quedó demostrado no solamente porque se trataba de “empleo no registrado, ‘en negro’, con paga miserable”, sino también por “las condiciones de precariedad y cosificación en que se sometió a vivir a la víctima”.

La jueza enumeró el aislamiento, la falta de agua potable, sanitarios y electricidad, el piso de tierra, la precaria vivienda de silo bolsa y la alimentación insuficiente.

Deberá pagar $22 millones al trabajador

Como parte del acuerdo, el contratista deberá abonar $22 millones a la víctima en concepto de reparación integral.

La magistrada destacó este aspecto de la sentencia y consideró que permite que la resolución judicial trascienda el aspecto estrictamente punitivo.

Según Berros, la reparación económica incorpora una perspectiva de “justicia restaurativa” y reconoce el daño causado a quien fue víctima de explotación laboral durante una década.

El titular del establecimiento rural y otro trabajador quedaron fuera de la acusación. Según se consignó en la causa, la propia víctima manifestó que respondía exclusivamente a las órdenes de Girolami.