Un consorcio de propietarios de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, demandó a una empresa desarrolladora que había utilizado parte de una pared medianera que pertenecía a su propiedad para construir un edificio. Los vecinos reclamaron una compensación millonaria por el aprovechamiento de una estructura que habían financiado previamente.
El conflicto llegó al Juzgado Nacional en lo Civil N° 109, que falló a favor del consorcio y condenó a Desarrolladora B.A. S.A. a pagar $60.363.295 más intereses. La jueza Pilar Fernández Escarguel consideró probado que la compañía se había beneficiado económicamente al utilizar el muro existente para levantar su edificio.
La disputa enfrentó al consorcio de propietarios de Pacheco 2855/57 con la desarrolladora responsable del edificio lindero, ubicado en Pacheco 2865.
Según la demanda, la empresa construyó un inmueble apoyándose sobre una pared divisoria que ya existía y había sido costeada por el consorcio vecino.
Los propietarios contrataron a un arquitecto para determinar cuánto correspondía cobrar por ese aprovechamiento e identificaron que una superficie de aproximadamente 443 metros cuadrados de medianera fue utilizada por la nueva construcción.
Inicialmente, el consorcio reclamó $23.994.289, más intereses y actualización, por los derechos de medianería. Sin embargo, la desarrolladora rechazó la demanda y sostuvo que había respetado los límites de ambos terrenos.
Por su parte, la empresa aseguró que su edificio contaba con una pared propia y que no existía una estructura compartida que justificara el pago. Incluso presentó una estimación alternativa de $5.175.000 para el caso de que correspondiera reconocer alguna suma.
Planos e inspección
Durante el juicio, el arquitecto Roberto Daniel Ferro realizó una inspección y analizó los planos de las construcciones.
El especialista confirmó que los edificios estaban en contacto a través de una pared medianera y que la desarrolladora había aprovechado una estructura construida previamente por el consorcio.
Además, explicó que la empresa obtuvo beneficios económicos porque evitó levantar un muro propio de más de 400 metros cuadrados y redujo los tiempos de obra.
Otro punto relevante fue que la desarrolladora no asistió a la inspección pericial, pese a haber sido notificada.
La jueza consideró que la empresa no había presentado pruebas suficientes para desmentir las conclusiones del arquitecto.
Más de $60 millones de compensación
El 2 de noviembre de 2026, la magistrada determinó que la desarrolladora debía compensar al consorcio por utilizar una pared que no había construido.
La pericia había calculado un monto de $66.399.625, pero la jueza excluyó $6.036.329 correspondientes a honorarios profesionales cuyo pago no había sido acreditado.
De esta manera, estableció una condena de $60.363.295, más intereses calculados al 8% anual entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, y posteriormente según la tasa activa del Banco Nación.
Finalmente, la empresa fue condenada a afrontar las costas judiciales y se fijó un plazo de diez días para cumplir con el pago. Sin embargo, la resolución es de primera instancia y todavía no consta que haya quedado firme, indica TN.