La corrupción en ATER derivó en la condena de siete personas por una maniobra que, según determinó la Justicia entrerriana, permitió cancelar fraudulentamente deudas impositivas mediante la incorporación de información falsa al sistema informático del organismo recaudador. El esquema se desarrolló entre 2004 y 2014 y alcanzó a funcionarios, agentes y particulares que resultaron beneficiados o intervinieron en las operaciones.
El vocal Alejandro Diego Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº6, dictó las sentencias el 21 de agosto. Seis de los acusados fueron condenados en una resolución conjunta: María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Gustavo Alejandro Gioria, Darío Fabián Barreto, Julio Schmukler y Carlos Raúl Castro. En una pieza separada del mismo expediente fue condenado Javier David Kolln.
Los siete llegaron a acuerdos de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal y el Estado provincial, constituido como querellante. De esta manera, admitieron los hechos atribuidos y aceptaron las penas acordadas. Las condenas establecidas fueron de cumplimiento condicional, por lo que no implicaron prisión efectiva.
Cómo funcionaba el mecanismo investigado en ATER
De acuerdo con los hechos que el Tribunal consideró probados, el fraude consistía en ingresar datos falsos en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Allí se hacía figurar que determinadas personas o empresas tenían créditos líquidos y exigibles contra el Estado provincial, es decir, que la Provincia les debía dinero, aunque esas acreencias en realidad no existían.
Una vez incorporada esa información, el sistema procesaba una compensación tributaria y daba por canceladas deudas impositivas reales de los contribuyentes sin que el dinero ingresara efectivamente a las arcas provinciales. Según la sentencia, las operaciones se realizaban mediante un usuario habilitado a nombre de Abelardo Daniel Gaggión, entonces jefe de la División Mesa de Entradas.
La investigación reconstruyó tres períodos de funcionamiento de la maniobra: 2004-2007, 2008-2011 y 2012-2014. La denuncia que dio origen al expediente principal fue presentada el 5 de junio de 2014 por Marcelo Pablo Casaretto, entonces director ejecutivo de ATER, luego de que un empleado del organismo aportara detalles sobre lo que ocurría. Posteriormente se estableció que el mecanismo se remontaba a enero de 2004.
Las penas para los agentes y exfuncionarios
María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, fue condenada a tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $30.600.000. La Justicia la consideró autora de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y defraudación a la administración pública, publicó Análisis.
Abelardo Daniel Gaggión, exjefe de la División Mesa de Entradas, recibió tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua y una multa de $20 millones por los mismos delitos. Darío Fabián Barreto, quien era agente de planta permanente del organismo y admitió haber actuado en connivencia con ambos, recibió tres años en suspenso, inhabilitación perpetua y una multa de $30.600.000.
Gustavo Alejandro Gioria, quien se desempeñaba como Tesorero General de Entre Ríos, fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua y una multa de $10 millones. El Tribunal determinó que conoció la continuidad de la maniobra y no adoptó medidas para impedirla, además de inducir a un contribuyente a incorporarse al mecanismo.
El papel de los particulares en la maniobra
Julio Schmukler y Carlos Raúl Castro fueron considerados partícipes necesarios de la defraudación a la administración pública y autores de cohecho activo. Según la causa, actuaron desde fuera de ATER como intermediarios para conseguir que contribuyentes fueran beneficiados mediante compensaciones fraudulentas.
Schmukler recibió tres años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua y una multa de $10 millones. Además, deberá donar $40.000 mensuales durante los tres años de condena a una institución de bien público. Castro fue condenado a una pena única de tres años de prisión condicional —que absorbió una condena anterior por estafa— y a pagar una multa de $200.000.
La séptima condena correspondió a Javier David Kolln. Según el fallo, acordó con Martínez de Yankelevich y Gaggión la manipulación del SAT para beneficiar a dos empresas que representaba: Danko S.A. y Establecimiento San Justo S.A. Las operaciones fueron realizadas el 4 de mayo de 2007 y provocaron un perjuicio fiscal calculado en $166.003,36.
Dos años en suspenso para Kolln
Kolln fue condenado como autor de cohecho activo y partícipe necesario de defraudación a la administración pública. El Tribunal le impuso dos años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. En su caso, el acuerdo no contempló una multa económica.
Durante los dos años deberá mantener domicilio, abstenerse de actos molestos o intimidatorios contra testigos, cumplir 96 horas anuales de trabajo comunitario y avisar al Ministerio Público Fiscal antes de realizar viajes al exterior superiores a tres días. Reglas similares fueron establecidas para los demás condenados, aunque con diferencias según cada caso.
La causa identificó además a decenas de personas y empresas que aparecieron beneficiadas por las compensaciones investigadas. Los montos abarcaron desde deudas inmobiliarias o automotoras de pocos miles de pesos hasta operaciones de cientos de miles y millones. Entre las firmas mencionadas en la sentencia figuran Insumos Entre Ríos S.A., Casas Chanton S.A., Centro Eléctrico S.A., Cierto Argentina S.A., Comercial Federal S.R.L., Derudder Hnos. S.R.L., Abedul S.A. y Agrosur S.A., entre otras.
Una investigación iniciada hace más de una década
La investigación incluyó allanamientos en dependencias de ATER y domicilios particulares, pericias informáticas sobre el SAT, documentación bancaria, informes de organismos públicos y declaraciones de agentes y exagentes. También se analizaron resoluciones que, según quedó asentado en el expediente, habían sido fotocopiadas y recortadas para aparentar un respaldo normativo que determinadas compensaciones no tenían.
En la causa se incorporó además una pericia caligráfica de la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos. El estudio determinó que firmas y escrituras examinadas en diferentes legajos pertenecían a Martínez de Yankelevich y Gaggión, elemento que fue incorporado para sostener la atribución de responsabilidad sobre la operatoria investigada.
El expediente atravesó más de una década de investigación judicial y reconstruyó un esquema que se mantuvo durante diez años, aunque con cambios entre sus protagonistas. Con los acuerdos abreviados, los acusados admitieron los hechos y aceptaron las penas, dio a conocer Análisis.
En el caso de los seis condenados conjuntamente, renunciaron a los plazos para recurrir; Kolln también aceptó la pena y renunció a apelar. De esta manera, las actuaciones quedaron encaminadas hacia su cierre una vez cumplidas las disposiciones económicas y procesales ordenadas por el Tribunal.