La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández, el empresario Lázaro Báez y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner contra el decomiso de bienes ordenado en la causa Vialidad. La decisión dejó firme la medida patrimonial que alcanza casi 685 mil millones de pesos.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes ratificaron lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal Nº 2 respecto de la ejecución del decomiso para cubrir el perjuicio económico establecido en la condena.

Según recordó el tribunal, el monto alcanzado por la medida ascendía a $684.990.350.139,86 al momento de dictarse la resolución cuestionada.

Los argumentos de Casación

Los magistrados consideraron que las defensas no lograron demostrar la existencia de una cuestión federal suficiente que justificara la intervención de la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario.

En uno de los fundamentos del fallo, el juez Gustavo Hornos sostuvo que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y remarcó que el decomiso tiene como finalidad “impedir que el delito rinda beneficios”.

Además, señaló que los planteos presentados por las defensas constituían una discrepancia con decisiones ya adoptadas por los tribunales intervinientes y no acreditaban arbitrariedad ni vulneración de garantías constitucionales. “La sola mención de preceptos constitucionales no basta para la debida fundamentación de los recursos”, expresó.

La postura de Barroetaveña y la disidencia parcial de Borinsky

En línea con esa posición, el juez Diego Barroetaveña afirmó que las defensas “se han limitado a expresar su discrepancia con lo decidido” y sostuvo que los cuestionamientos formulados se vinculaban principalmente con cuestiones de derecho común, que en principio no habilitan la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema.

El tribunal también descartó que existieran defectos graves que permitieran considerar arbitraria la resolución cuestionada, al entender que no se acreditaron irregularidades que afectaran su validez jurídica.

Sin embargo, el juez Mariano Borinsky mantuvo una posición parcialmente diferente. Consideró que algunos planteos vinculados a bienes decomisados pertenecientes a Lázaro Báez y a Máximo y Florencia Kirchner merecían ser analizados por la Corte Suprema.

Bienes adquiridos antes del período investigado

Borinsky advirtió que determinados inmuebles habrían sido adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha considerada como punto de partida para establecer qué bienes podían ser alcanzados por el decomiso.

Entre esos activos mencionó departamentos ubicados en Río Gallegos y lotes relacionados con el complejo Los Sauces. Según su criterio, en esos casos podría existir una afectación al derecho de propiedad y al principio de legalidad.

“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo”, sostuvo el magistrado.

No obstante, esa postura quedó en minoría. Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por los imputados y terceros involucrados. De esta manera, el decomiso multimillonario dispuesto en la causa Vialidad continúa vigente, aunque las defensas aún podrían intentar llevar el planteo directamente ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja. (Ámbito)