Banda vendía droga en Chajarí. El Juzgado Federal de Concordia dispuso el procesamiento con prisión preventiva de cuatro personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al comercio de estupefacientes en la ciudad de Chajarí y zonas aledañas. Se trata de tres hombres identificados con las iniciales H.E.J. (38), M.E.M. (38) y G.I.R. (32), y una mujer identificada como V.A.L. (30), quienes, según la investigación, actuaban de manera “coordinada y organizada” desde al menos diciembre de 2024 y hasta abril de este año.

El procesamiento fue dictado el 16 de mayo por la titular del Juzgado Federal, Ana María Ramponi, bajo la calificación legal de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Además, la magistrada ordenó embargar los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos por cada uno, medida que busca asegurar futuras responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial.

La investigación fue iniciada por la fiscal federal Josefina Minatta y contó con el apoyo de la División Drogas Peligrosas Sección Chajarí de la Policía de Entre Ríos. Desde el comienzo, la causa reunió pruebas de alto valor que permitieron avanzar sobre los movimientos de la banda y ejecutar siete allanamientos simultáneos en domicilios de la ciudad entrerriana.

Así operaba la organización desbaratada

La recolección de elementos probatorios comenzó el 3 de diciembre de 2024, a partir de una investigación preliminar originada por una nota remitida por la División Toxicología de la Delegación Chajarí de la Policía, que advirtió al Ministerio Público Fiscal sobre una posible red de tráfico de cocaína. La organización, según se estima, estaría compuesta por al menos once personas.

Según la nota, la banda operaba principalmente desde una residencia ubicada en aquella ciudad y la venta del estupefaciente se realizaba personalmente o mediante repartos. Esto motivó la apertura formal de la causa el 6 de febrero, cuando la fiscal Minatta consideró que los hechos encuadraban en los delitos previstos por la Ley N.º 23.737 y solicitó al juzgado nuevas medidas de prueba, entre ellas intervenciones telefónicas y seguimientos.

A partir de estas diligencias, se concretaron los allanamientos donde se secuestraron sustancias ilegales y elementos utilizados para su fraccionamiento y distribución. A cada uno de los detenidos se les imputó la tenencia con fines de comercialización de los estupefacientes hallados durante los operativos.

El centro de operaciones y la evidencia clave

En el marco de la pesquisa, los investigadores determinaron que H.E.J. residía en la vivienda de Chajarí que funcionaba como centro logístico de la red. “En el lugar se había instalado una estructura de fraccionamiento, acopio y distribución, esencialmente de clorhidrato de cocaína”, detallaron fuentes del caso.

Las tareas de campo incluyeron vigilancia, registros fílmicos y el seguimiento de los sospechosos, lo que permitió confirmar la dinámica delictiva de la organización. Se documentaron múltiples transacciones directas y entregas del estupefaciente a consumidores o intermediarios, así como la presencia constante de los ahora procesados en el domicilio investigado.

Con estos elementos, la justicia dio un paso clave para desarticular una red que operaba con métodos estructurados y que representaba una amenaza concreta en la región. El proceso judicial continuará su curso en los próximos meses, mientras los acusados permanecen detenidos bajo prisión preventiva y con fuertes medidas patrimoniales en su contra. (Con información de En Entre Ríos)