La protesta formal de Argentina por Malvinas fue presentada este martes ante el Reino Unido por instrucción del canciller Pablo Quirno, en rechazo a la extensión de licencias para la explotación de hidrocarburos en las islas. El planteo diplomático se produjo mientras se desarrolla la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde el presidente Javier Milei tiene previsto exponer este miércoles.
Según informó Cancillería, el Gobierno expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de las autoridades isleñas respecto de la extensión de licencias para la producción offshore y cuestionó la aprobación para la adquisición de participaciones por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que las actividades de exploración y explotación unilateral de recursos naturales en las áreas cuya soberanía está en disputa contradicen la posición argentina y vulneran el derecho internacional. El Reino Unido, por su parte, sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a determinar su estatus político y reconoce las licencias emitidas por las autoridades isleñas.
El reclamo argentino ante el Reino Unido
En su presentación, la Cancillería invocó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.
La administración nacional advirtió además que recurrirá a herramientas diplomáticas, administrativas, económicas y judiciales contra quienes participen en actividades hidrocarburíferas que Argentina considera no autorizadas.
La nueva protesta se sumó a una serie de medidas adoptadas durante septiembre por el Gobierno argentino en relación con la explotación petrolera alrededor de las islas. Cancillería había cuestionado previamente una guía británica destinada a promover negocios y actividades comerciales en el archipiélago.
El proyecto petrolero en el centro de la disputa
Uno de los principales focos del conflicto es el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte e impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Argentina considera que esas compañías desarrollan actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional.
En las últimas semanas, el Gobierno argentino también avanzó con acciones legales y administrativas vinculadas con empresas que participan del proyecto. El 7 de septiembre, la Oficina del Presidente anunció una denuncia penal contra Navitas Petroleum y otras compañías por presuntas infracciones a la legislación argentina sobre exploración y explotación de hidrocarburos.
En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones aplicables a empresas y personas involucradas en la explotación no autorizada de recursos naturales en los espacios marítimos reclamados por Argentina.
El reclamo de soberanía ante Naciones Unidas
La protesta adquirió además relevancia por coincidir con la Asamblea General de la ONU. Argentina mantiene allí su reclamo para que ambos países retomen negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En junio, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas volvió a adoptar una resolución que llamó a Argentina y el Reino Unido a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia.
En su nueva presentación, el Gobierno reiteró su disposición a mantener un diálogo con el Reino Unido en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas. El reclamo por las licencias petroleras quedó así nuevamente incorporado a la agenda diplomática por Malvinas, horas antes de la participación de Milei ante la Asamblea General.