La Armada relevó de sus actuales destinos a nueve integrantes de la fuerza en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la liquidación y acreditación de haberes. La medida alcanza a ocho capitanes de corbeta y un suboficial, quienes fueron pasados a disponibilidad mientras se analizan sus responsabilidades.
La decisión fue adoptada por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, y tiene carácter preventivo dentro del ámbito militar. Los nueve efectivos quedarán sin funciones y serán sometidos a una investigación disciplinaria conforme al Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
El procedimiento administrativo corre por separado de la investigación judicial iniciada luego de que la propia fuerza detectara inconsistencias en el sistema de pagos y presentara una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2. La institución confirmó oficialmente que las anomalías surgieron de una actuación interna.
Qué implica el pase a disponibilidad
El pase a disponibilidad supone que los integrantes de la Armada quedan transitoriamente sin desempeñar funciones mientras continúa la investigación disciplinaria. La medida, según la información conocida, puede extenderse hasta un año y no representa por sí misma una degradación ni una sanción definitiva.
Las eventuales responsabilidades deberán determinarse durante el proceso interno. Entre las sanciones que podría contemplar el régimen disciplinario se encuentra incluso la destitución, aunque cualquier decisión dependerá del resultado de las actuaciones y del análisis individual de cada caso.
En paralelo, la Justicia deberá establecer si existieron delitos y qué participación pudo haber tenido cada una de las personas investigadas. Por el momento, las medidas adoptadas no equivalen a una condena y rige el principio de inocencia mientras avanzan ambos procedimientos.
Casi $1.000 millones bajo investigación
La presentación judicial reconstruyó 645 acreditaciones consideradas indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026 a favor de 23 personas. El monto histórico detectado asciende a $981.148.567,88, según la documentación incorporada a la causa.
Parte de ese dinero fue posteriormente reintegrado. Hasta el momento de la denuncia se habían restituido $42.574.267,63, por lo que permanecían pendientes aproximadamente $938,5 millones. La cifra original, sin embargo, continúa siendo utilizada para dimensionar el total de las acreditaciones cuestionadas.
La revisión comparó liquidaciones, recibos de haberes, archivos enviados al Banco Nación y confirmaciones bancarias. Según la denuncia, se habrían realizado modificaciones manuales después de los controles habituales y antes del envío de determinados lotes de pago, generando diferencias entre los montos liquidados y los finalmente acreditados.
Cómo comenzó la investigación
Las primeras inconsistencias fueron detectadas en febrero de 2026, cuando aparecieron suplementos que no correspondían en los haberes de cinco agentes. A partir de ese hallazgo, la Armada amplió la auditoría hacia períodos anteriores para establecer si se trataba de errores aislados o de un mecanismo reiterado.
La pesquisa interna también derivó en cambios en el circuito administrativo. Entre otras medidas, se separaron las tareas de liquidación, acreditación y conciliación de pagos, además de preservarse equipos y archivos vinculados con el procedimiento investigado.
La fuerza sostuvo en un comunicado que continuará aportando información para esclarecer las irregularidades y determinar responsabilidades. Mientras la Justicia Federal analiza la posible dimensión penal del caso, el ámbito militar avanzará con el proceso disciplinario sobre los nueve efectivos que fueron separados preventivamente de sus funciones.