El acceso a la educación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal será fortalecido a partir de un convenio firmado este miércoles entre el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) y el Consejo General de Educación (CGE).
El acuerdo busca garantizar el derecho a la educación, promover la capacitación laboral y favorecer la inclusión social de quienes, siendo menores de edad al momento del hecho, se encuentren vinculados a procesos penales.
El Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Educativa fue suscripto por el presidente del STJER, Germán Carlomagno, y el titular del CGE, Carlos Cuenca. También participaron el director de Educación de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger, y el coordinador departamental Paraná de esa modalidad, Rodolfo Martín Álvarez.
Además, estuvieron presentes el vicepresidente del STJ, Carlos Federico Tepsich; las vocales Susana Medina, Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage; y el juez en lo Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pablo Barbirotto.
Educación, capacitación e inclusión
El convenio establece una estrategia de cooperación entre ambos organismos para ampliar las oportunidades educativas y fortalecer los procesos de reinserción social de adolescentes y jóvenes alcanzados por el sistema penal juvenil.
Entre los principales ejes se incluyen la implementación de propuestas de educación obligatoria, programas de capacitación laboral y formación profesional, además de instancias de capacitación permanente para equipos técnicos, supervisores y directivos de las instituciones educativas.
Asimismo, el acuerdo prevé la creación de herramientas que faciliten el ingreso, la permanencia y el egreso de los jóvenes del sistema educativo, con el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación.
Convenios específicos y vigencia
Las acciones que se desarrollen en el marco de este convenio serán instrumentadas mediante acuerdos específicos, en los que se establecerán objetivos, planes de trabajo, plazos y modalidades de ejecución para cada iniciativa.
El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y se renovará automáticamente, salvo que alguna de las partes manifieste expresamente su decisión de no continuar con el acuerdo.