Una abogada argentina de 29 años quedó bajo la mira de la Justicia de Brasil tras ser acusada de proferir insultos racistas en un bar de Ipanema, Río de Janeiro. Como consecuencia, las autoridades le retuvieron el pasaporte y le impusieron una tobillera electrónica.

Según la denuncia difundida por la policía civil, el episodio se produjo el pasado miércoles a partir de una discusión por el pago de la cuenta en un bar. La joven, identificada como Agostina Paez, se encontraba junto a un grupo de amigas cuando un empleado del local advirtió un error en la factura. En ese contexto se inició un intercambio verbal que, de acuerdo a la acusación, derivó en gestos y expresiones consideradas racistas por parte de la mujer.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por medios brasileños, el trabajador afectado decidió revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, mientras el gerente del bar solicitó a la mujer que permaneciera en el lugar. Tras constatar lo ocurrido, el comercio realizó la denuncia ante la policía local. Entre los elementos señalados figura el uso de gestos ofensivos y la expresión “mono”, considerada un insulto racial en Brasil, publicó Infobae.

Medidas cautelares y avance de la causa

El caso quedó a cargo de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó a la Justicia la retención del pasaporte de la abogada argentina y la colocación de una tobillera electrónica. Ambas medidas fueron dispuestas este sábado, luego de que la acusada prestara declaración ante las autoridades judiciales.

Desde la Policía Civil informaron que la investigación continúa y que se están analizando registros de cámaras de seguridad y testimonios para determinar con precisión las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal de la denunciada. Mientras tanto, la mujer deberá permanecer en Brasil y será monitoreada electrónicamente, sin posibilidad de abandonar el país.

El proceso se enmarca en la política de tolerancia cero que rige en Brasil frente a hechos de racismo y discriminación, delitos que cuentan con penas severas según la legislación vigente. Las autoridades señalaron que las medidas cautelares buscan garantizar la presencia de la acusada durante el desarrollo de la causa y evitar cualquier intento de fuga.

Por el momento, la defensa de la abogada no realizó declaraciones públicas y no se informó sobre la existencia de antecedentes penales. En paralelo, el Ministerio Público evalúa la posibilidad de avanzar con cargos formales por discriminación racial, lo que podría agravar la situación procesal de la acusada.