REDACCIÓN ELONCE
El secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, habló con Elonce sobre el proyecto que se debate en el Senado. Detalló las condiciones para impedir candidaturas, la publicidad de las declaraciones juradas y los cambios en los controles a funcionarios.
El secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, analizó en una entrevista exclusiva con Elonce los avances del proyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia, que se encuentra en tratamiento legislativo. La iniciativa contempla nuevas exigencias para los funcionarios, declaraciones juradas patrimoniales públicas y la incorporación del mecanismo conocido como Ficha Limpia.
Durante su visita a Elonce, el funcionario explicó que el gobierno provincial busca completar reformas institucionales previstas en la Constitución que todavía no habían sido reglamentadas.
“Cuando asumimos, el gobernador Frigerio nos pidió avanzar sobre una serie de reformas. Entre Ríos tenía pendientes muchas iniciativas que se habían incorporado a la Constitución en 2008, pero que no habían llegado a convertirse en ley”, señaló.
Ficha Limpia: quiénes no podrían ser candidatos
Uno de los principales puntos del proyecto es la incorporación de Ficha Limpia, que establecería restricciones para acceder a cargos públicos o presentarse a elecciones en determinados casos de condenas penales. Alcanzaría tanto a candidatos como a funcionarios de los tres poderes del Estado.
Maneiro explicó que el Ejecutivo pretende mantener el criterio de doble conforme, incluido en el proyecto aprobado por Diputados.
“Si una persona es condenada en primera instancia y esa condena es ratificada en segunda instancia, se aplica la inhabilitación para ejercer cargos o presentarse como candidato, sin esperar a que la sentencia quede firme”, detalló.
El funcionario aclaró que la restricción no alcanzaría a personas que solamente estén denunciadas o investigadas, sino que requeriría dos decisiones judiciales condenatorias.
También indicó que el mecanismo abarcaría distintos delitos graves, entre ellos hechos de corrupción, abuso sexual y estafas dolosas.
“No se trata de medidas preventivas, sino de una condena, con las debidas garantías del Estado de derecho, el debido proceso y el derecho de defensa”, remarcó.
Declaraciones juradas públicas y controles patrimoniales
Otro de los cambios previstos es la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales anuales, cuyos aspectos principales serían de acceso público.
“Van a ser públicas en las cuestiones fundamentales que tienen que ver con la situación patrimonial de las personas, sin afectar su intimidad”, explicó Maneiro.
Según sostuvo, el objetivo es permitir que la ciudadanía pueda controlar la evolución de los bienes de quienes desempeñan funciones públicas.
“La declaración jurada pública tiene como finalidad que la ciudadanía pueda controlar el incremento patrimonial de los funcionarios y verificar que esté acorde con su situación”, expresó.
La iniciativa también contempla un régimen de obsequios, un código de ética y la creación de una oficina encargada de analizar posibles incompatibilidades y conflictos de intereses.
Cuándo podría aprobarse la reforma
Maneiro manifestó expectativas de que el Senado avance próximamente con la sanción del proyecto.
“Tenemos mucha expectativa de que se concrete en estos días la sanción por parte de la Cámara de Senadores. Seguramente volverá a Diputados para su ratificación”, indicó.
El secretario de Justicia destacó que la iniciativa forma parte de una agenda de reformas que también incluyó la Ley de Acceso a la Información Pública, la regulación de la transición de gobierno y la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores.
Sobre el acceso a la información, resaltó que la legislación extendió las obligaciones de transparencia a todos los poderes del Estado, organismos descentralizados y empresas públicas.
Elecciones provinciales: qué puede decidir el gobernador
Consultado sobre el próximo calendario electoral, Maneiro explicó que el Código Electoral vigente permite al gobernador decidir si las elecciones provinciales se realizan junto con las nacionales o de manera separada.
“Para desdoblar las elecciones alcanza con un decreto de convocatoria. La ley habilita al gobernador a decidir si se eligen las próximas autoridades de manera conjunta con el cronograma nacional o por separado, con las fechas establecidas en la legislación”, precisó.
También aclaró que una eventual modificación de esas reglas requeriría una nueva ley.
Su libro sobre democracia y gobiernos municipales
Durante la entrevista, Maneiro también se refirió a la publicación de un libro basado en su tesis doctoral, dedicado al funcionamiento de las instituciones democráticas en los municipios argentinos.
Explicó que el trabajo analiza aspectos como la competitividad electoral, la rendición de cuentas y los mecanismos de control ciudadano.
La publicación fue editada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y presentada en el Rectorado. El funcionario adelantó que recibió invitaciones para compartirla en otras localidades de la provincia.
Finalmente, destacó la importancia de alcanzar consensos para que las reformas institucionales perduren.
“Lo importante es que las leyes sean producto del diálogo y del consenso, porque eso permite que puedan sostenerse en el tiempo”, concluyó Maneiro ante Elonce.
