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“Establécese que las contrataciones de personal destinado a la prestación de servicios en cumplimiento del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de otra forma de contratación, que hayan sido debidamente renovadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 84 del 23 de diciembre de 2023, podrán ser renovadas hasta el 30 de junio de 2024″, señala el artículo 1 de ese decreto.
Esta decisión se conoce luego de que, antes del fin de semana extra largo por los feriados de Semana Santa y del 2 de abril, en los últimos días llegarán desde distintas reparticiones que dependen del Estado nacional numerosos telegramas a los empleados en los que constaba que prescindían de sus servicios.
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Según denunció el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) el ajuste afectará a partir del 31 de marzo a más de 10 mil trabajadores que en su mayoría se agrupan en lo que se denomina planta transitoria o con contratos bajo otra modalidad que es la de asistencia técnica profesional. El miércoles, en la conferencia de prensa que ofrece a diario, el vocero presidencial Manuel Adorni había mencionado por error que la revisión se iba a efectuar cada 6 meses pero luego aclaró que será por trimestre como ahora especifica el decreto.
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El funcionario aclaró que “no incluyen bajas de PAMI ni en empresas públicas, es un número no consolidado” y dijo que se trata de un proceso “extremadamente quirúrgico, para que se pueda depurar la planta pública”.
Frente a esta situación la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), mediante un comunicado enviado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificó que el miércoles 3 de abril realizará una jornada de lucha nacional, con paros y asambleas en distintas provincias. A su vez, y en el marco del conflicto por los despidos en diferentes organismos públicos, amenazó con tomas e ingresos forzosos en distintos ministerios.
A pesar del feriado del Viernes Santo los abogados de ATE de las distintas seccionales se reunieron hoy de modo virtual con el objetivo de “enfrentar los despidos y en el plano jurídico decidió establecer una coordinación para unificar criterios y brindar soporte legal en todo el territorio nacional”.
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Desde la Jefatura de Gabinete al mando de Posse se encaró desde diciembre, en los primeros días de la gestión Milei, una auditoría para revisar el estado de las cuentas públicas en cada repartición. La reducción de personal también se incluyó en la lista de ítems, como un modo de achicar gastos.
A los pocos días de asumir el Ejecutivo había decidido la baja de todos los contratos que se habían dado de alta en el Estado en 2023. (Fuente: Infobae)