La Ley de Tierras generó una fuerte interna dentro del oficialismo luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizara un duro cruce con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que el Gobierno intentará aprobar este jueves.
La discusión giró en torno al capítulo que elimina las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y dejó al descubierto una nueva fractura dentro del espacio gobernante.
El intercambio se produjo a través de WhatsApp, pocas horas después del triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra y de la clasificación a la final del Mundial 2026.
Según reveló el diario La Nación, en una nota firmada por la periodista Cecilia Devanna, Villarruel propuso postergar la sesión prevista para este jueves debido al clima de festejos generado por la victoria deportiva.
“¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, planteó la vicepresidenta. La propuesta fue rechazada por Bullrich, quien respondió que el oficialismo debía avanzar con la agenda legislativa prevista para esa jornada.
El capítulo de tierras detonó el enfrentamiento
La negativa derivó rápidamente en una discusión política sobre el contenido del proyecto. Villarruel cuestionó especialmente el capítulo referido a la compra de campos por parte de extranjeros y sostuvo que la sesión serviría "para vender el país".
"Ningún legislador quiere quedarse a votar una ley que es indignante por el capítulo de tierras", expresó la titular del Senado. Bullrich respondió: "Para vos. Para nosotros, cambiar el país es el desafío".
Lejos de bajar el tono, Villarruel profundizó las críticas. "Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada", afirmó. La senadora libertaria rechazó esa interpretación y defendió el proyecto al señalar: "No se venden tierras. Se desarrolla el país".
Cruces por la situación económica y fuertes reproches personales
La discusión continuó con cuestionamientos sobre la situación económica. Villarruel sostuvo que el Gobierno no estaba atendiendo los problemas reales de la población.
"No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia", manifestó. Además, aseguró que "la gente no tiene para comer" y reclamó a los dirigentes oficialistas que recorran el interior del país "en vez de digitar todo desde un despacho".
Bullrich replicó que los argentinos aspiran a progresar y dejar atrás un modelo "subdesarrollado, populista y pobre". La vicepresidenta respondió que algunos sectores del oficialismo pretendían "rifar" el país y remarcó que ella había decidido "tomar partido por Argentina".
La discusión terminó con descalificaciones
El intercambio derivó luego en cuestionamientos personales. Bullrich le sugirió a Villarruel que renunciara si no compartía el rumbo político del Gobierno.
La vicepresidenta respondió que también había sido elegida por el voto popular. "A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo", sostuvo, además de calificar a Bullrich como una dirigente "obsecuente".
El diálogo concluyó con nuevas descalificaciones. Villarruel le dijo que fuera a "chuparle las medias a Karina", en referencia a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Bullrich cerró la conversación con otra frase contundente: "Chau, chau. Comienzo y fin de una corta vida política".
Qué establece el proyecto de propiedad privada
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada fue elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y constituye una de las principales apuestas legislativas del Gobierno para este período parlamentario.
La iniciativa elimina los límites generales para que personas y empresas privadas extranjeras puedan adquirir tierras rurales en Argentina. En cambio, mantiene restricciones para los Estados extranjeros y para las empresas con participación estatal extranjera, que únicamente podrán comprar campos si cuentan con la autorización conjunta de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, cada provincia conservará la jurisdicción sobre su territorio y deberá intervenir en la aprobación de esas operaciones. En las zonas de frontera, el proyecto exige una doble autorización, tanto del Gobierno nacional como de las autoridades provinciales.
Silencio administrativo y otros cambios
Otro de los puntos relevantes es la incorporación del denominado silencio administrativo. Si dentro de los 180 días las autoridades nacionales y provinciales no presentan objeciones, la operación quedará automáticamente autorizada y el comprador adquirirá la propiedad de pleno derecho.
La iniciativa también introduce modificaciones al régimen de desalojos. En casos de usurpaciones o de ocupantes precarios, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el propietario presente documentación suficiente que acredite su derecho.
En los alquileres con deuda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y concederle un plazo mínimo de diez días para regularizar la situación. Si el incumplimiento persiste, podrá iniciar el proceso judicial de desalojo.
Expropiaciones y manejo del fuego
El proyecto incorpora además cambios en materia de expropiaciones. La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado tendrá que fundamentar expresamente los motivos de esa decisión. También fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante.
En cuanto al manejo del fuego, elimina la prohibición de modificar durante treinta años el uso de tierras incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
No obstante, mantiene vigente la protección para bosques nativos y humedales, donde continuará rigiendo la prohibición de cambiar el uso de las superficies afectadas por incendios durante sesenta años, conforme a la legislación actual.
El proyecto ya había sido postergado en oportunidades anteriores debido a las diferencias entre el oficialismo, sectores dialoguistas y bloques opositores, principalmente por el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ahora, el Gobierno buscará reunir el quórum y los votos necesarios para avanzar con una de las reformas que considera estratégicas dentro de su programa de desregulación económica.