El presunto tráfico de fentanilo y propofol continúa bajo investigación judicial tras una serie de allanamientos realizados el pasado 21 de abril en Paraná, con derivaciones en Puerto Madryn. La causa se originó a partir de una encomienda detectada en el sur del país y derivó en operativos en la provincia de Entre Ríos, donde se secuestraron importantes cantidades de medicamentos, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

El abogado defensor Hugo Gemelli, representante de dos personas investigadas, brindó detalles sobre el estado del expediente y cuestionó la hipótesis inicial. “Desde la defensa estamos expectantes para saber cuál va a ser la medida que va a tomar el fiscal. Recordemos que el sistema acusatorio rige en la Justicia Federal de Chubut, donde hay un inicio de investigación y un Juez de Garantías”, declaró.

Según explicó el letrado, el origen del caso está vinculado a una encomienda detectada mediante escáner. “Lo que tenemos es que esta investigación surge por una encomienda. Se ha planteado como si esto fuera un sistema de transporte o de venta de estas sustancias anestesistas. Tengo que recordar que tanto el propofol como el fentanilo son sustancias utilizadas en animales”, sostuvo.

Una investigación con múltiples aristas

Gemelli también puso en duda la lógica de la operatoria que se intenta atribuir a sus defendidos. “Esta encomienda surge a través de unos frascos en un scanner y debo resaltar que, si estamos tratando de una persona que se dedica al transporte de estas sustancias de forma descontrolada, tenemos que entender que no va a estar dejando los remitentes”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Son sistemas donde uno sabe con qué personas uno está tratado y dando cuenta que está dejando los dedos marcados por todas partes. Es un sistema donde uno está acostumbrado a tratar con causas de narcotráfico, lo que acá se maneja es el ocultamiento de quienes son”.

El abogado hizo referencia a uno de los implicados: “En este caso, (Leandro) Dezar –la pareja de Gandolfo- en todas las encomiendas que remite, los hace con su remitente”. Además, aclaró que “la encomienda figura al nombre del domicilio de la casa. De ahí surge el allanamiento”.

El vínculo con el hospital y una acusada

Otro de los puntos que se investigan es la posible conexión con el hospital San Roque. Sin embargo, la defensa lo descarta de plano. “Ni siquiera el laboratorio de los frascos que se investigan corresponde con lo que se maneja el hospital. No tiene absolutamente nada que ver”, aseguró.

En esa línea, se remarcó que los medicamentos bajo análisis no coinciden con los utilizados en el sistema de salud provincial. “Ninguno de estos fármacos que se están investigando son los que ingresan a la Secretaría de Salud y quedó demostrado con la documentación”, puntualizó.

También se explicó el rol de la mujer investigada: “Hay que separar totalmente porque hay una circunstancia. Son dos cuestiones: uno el domicilio de ella con respecto a su pareja, quien es quien tiene una distribución de insumos de veterinaria”.

Secuestros, hipótesis y situación judicial

El operativo que dio inicio a la causa tuvo lugar en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn, donde se interceptó una encomienda proveniente de Entre Ríos. En su interior se hallaron 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo.

A partir de allí, Gendarmería avanzó con allanamientos en Paraná, donde se incautaron 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, además de dinero en distintas monedas, documentación y armas.

Pese a la magnitud del procedimiento, los investigados permanecen en libertad. “Ellos están en libertad. Ni siquiera fueron detenidos porque es una investigación de una presunta infracción a la ley de estupefacientes”, explicó Gemelli, quien también anticipó que la defensa discutirá la calificación legal y las jurisdicciones involucradas en el caso.