La Justicia de Santa Fe investigó un presunto plan para asesinar al gobernador Maximiliano Pullaro, a partir de llamadas al 911 que alertaron sobre la supuesta contratación de un sicario en Santiago del Estero. La causa se inició después de la visita oficial que el mandatario realizó el martes 27 de octubre a la ciudad de Ceres y derivó en tres allanamientos, la aprehensión de un hombre de 66 años y el secuestro de un arma de fuego.

El fiscal Emiliano Odriozola, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Ceres, confirmó que la investigación comenzó de oficio tras recibir información sobre un posible atentado. Los investigadores trabajan para establecer la veracidad de la denuncia, identificar a las personas mencionadas y determinar si existieron preparativos concretos para cometer el ataque.

“La hipótesis principal es la posibilidad de que se habría planeado un atentado contra la vida del gobernador; hablamos de posibilidad porque debe ser confirmado con las medidas en marcha”, aclaró Odriozola, quien remarcó que los hechos denunciados todavía deben ser corroborados.

Las llamadas al 911 que originaron la investigación

Según publicó UNO Santa Fe, la investigación comenzó el miércoles 28 de octubre, después de las 5 de la mañana, cuando la central de emergencias 911 recibió una comunicación que inicialmente hacía referencia a presuntos puntos de venta de estupefacientes en Ceres, departamento San Cristóbal.

Sin embargo, durante esa llamada y en otras dos realizadas en menos de diez minutos, el denunciante aportó información sobre un supuesto plan para atentar contra el gobernador santafesino. En las comunicaciones se mencionaron nombres, un posible viaje a Santiago del Estero y la participación de distintas personas en la organización del presunto ataque.

De acuerdo con la denuncia, cuatro hombres identificados por sus iniciales como P.A.P., G.C., J.D. y R.I. habrían viajado desde Ceres hasta la localidad de Selva, en Santiago del Estero, con el objetivo de contratar a un sicario.

El relato también señaló que otra persona, identificada como M.A.G., habría sido designada para trasladar al supuesto atacante. Además, se mencionó una vivienda perteneciente a un hombre identificado como A.Z., que presuntamente sería utilizada como refugio o base de operaciones.

Estas afirmaciones forman parte de la información recibida por el 911 y constituyen hipótesis de investigación. Hasta el momento, no se confirmó judicialmente que se hubiera contratado a un sicario ni que existiera un plan de ataque en ejecución.

Tres allanamientos y un hombre de 66 años aprehendido

Tras recibir la denuncia, el fiscal Odriozola ordenó medidas para verificar la información y preservar posibles elementos de prueba. Entre las primeras diligencias se incluyeron el resguardo de los audios del 911, la geolocalización de las llamadas y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Los investigadores también comenzaron a reconstruir los movimientos de las personas mencionadas en las comunicaciones, con especial atención al período iniciado el lunes 26 de octubre, un día antes de la visita oficial del gobernador a Ceres.

Como resultado de estas actuaciones, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos durante la mañana del sábado 31 de octubre en distintos domicilios de esa ciudad.

Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Matheu al 900, donde fue aprehendido P.A.P., de 66 años, señalado en la denuncia como uno de los presuntos participantes del plan. Durante la requisa, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 largo que contenía cinco cartuchos en el tambor.

De acuerdo con el reporte policial, el arma se encontraba en condiciones de funcionamiento y preparada para efectuar disparos. Su hallazgo motivó actuaciones específicas por la presunta tenencia ilegítima de un arma de fuego.

Los otros domicilios investigados

Los restantes allanamientos se desarrollaron en inmuebles ubicados en la intersección de Echagüe y Mariano Vera, y en Remedios de Escalada de San Martín al 800, también en Ceres.

En esos lugares se realizaron tareas de inspección y búsqueda de elementos que pudieran aportar información sobre los vínculos entre las personas mencionadas en las llamadas. Las medidas incluyeron peritajes tecnológicos y actuaciones orientadas a obtener registros de comunicaciones.

La investigación también busca determinar si existieron desplazamientos hacia la localidad santiagueña de Selva y establecer qué relación tendrían los involucrados con el supuesto sicario mencionado en la denuncia.

Los procedimientos fueron dispuestos por la Fiscalía de la 5ª Circunscripción Judicial y ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

Por qué quedó aprehendido el principal sospechoso

Después del allanamiento en calle Matheu, el hombre de 66 años fue trasladado bajo custodia policial. Previamente, fue examinado por personal de Medicina Legal para constatar su estado de salud.

Aunque la investigación se inició por la denuncia de un posible atentado contra Pullaro, la calificación legal provisoria atribuida al aprehendido fue tenencia ilegítima de arma de fuego y municiones de uso civil.

Esto significa que, en esta primera etapa, la situación procesal del hombre quedó vinculada al arma secuestrada, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si tuvo participación en la supuesta planificación de un ataque contra el gobernador.

Los otros cinco hombres mencionados en la denuncia también forman parte de las averiguaciones, aunque no se informó sobre nuevas detenciones ni sobre imputaciones relacionadas directamente con el presunto complot.

Qué busca establecer la Fiscalía

El fiscal Odriozola explicó que la información recibida después de la visita de Pullaro a Ceres motivó la apertura inmediata de la investigación.

“Posterior a la visita del gobernador se recibe la información en la Fiscalía a partir de un audio al 911 e iniciamos una investigación de oficio”, señaló el funcionario judicial.

Entre los puntos pendientes se encuentra determinar quién realizó las llamadas, verificar los datos aportados, establecer si hubo contactos para contratar a un sicario y comprobar la existencia de la vivienda mencionada como posible refugio.

La Fiscalía también deberá analizar si el arma secuestrada tiene alguna relación con el presunto plan o si constituye un hecho independiente. Por el momento, esa vinculación no fue acreditada.

La causa permanece abierta y las medidas judiciales continúan orientadas a esclarecer si la denuncia reveló preparativos reales para un atentado o si los hechos relatados no cuentan con respaldo probatorio suficiente.