El régimen penal juvenil comenzó a aplicarse en septiembre y ya tuvo intervención en dos casos registrados en Entre Ríos, ambos relacionados con delitos contra la propiedad. Así lo confirmó el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, durante una entrevista en Plaza Mansilla, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, en la que analizó los alcances de la nueva legislación y explicó sus cuestionamientos.

Benítez sostuvo que sus objeciones no están limitadas a la reducción de la edad de responsabilidad penal. “No es solamente la baja de la edad, porque la baja de la edad no es lo más grave de esta ley”, afirmó. Según explicó, uno de los puntos centrales está relacionado con la ausencia de una diferenciación suficiente según la edad y el grado de madurez de los adolescentes alcanzados.

En ese sentido, señaló: “No es lo mismo un hecho que comete un niño de 14 años que un hecho que comete un adolescente de 17 años y 10 meses. La expectativa de pena de uno y de otro no puede ser la misma”. Además, recordó que el régimen anterior establecía diferencias según la gravedad de los delitos y la edad de los involucrados.

Qué podría ocurrir con delitos menores

El defensor general planteó que, bajo la nueva normativa, determinadas conductas de menor gravedad podrían quedar alcanzadas por un proceso penal. “Ahora esa diferencia no existe. En consecuencia, si nos vamos a un extremo, una amenaza o una trompada en un recreo en una escuela puede hacer posible que ese niño o adolescente tenga que pasar por todo un proceso penal”, explicó.

Sin embargo, consideró que ese escenario podría evitarse en Entre Ríos a partir de los protocolos elaborados por los organismos judiciales. “Eso acá en la provincia de Entre Ríos creo que no va a ocurrir porque estamos trabajando. Nosotros, desde el Ministerio Público, sacamos un protocolo y el Ministerio Fiscal sacó un excelente protocolo”, indicó.

Benítez destacó, además, que la incidencia de delitos cometidos por adolescentes de esa franja etaria es reducida en la provincia en comparación con otras jurisdicciones. “El índice de delitos cometidos por esa franja etaria en la provincia de Entre Ríos es, por suerte, muy menor”, aseguró.

Dos casos desde la entrada en vigencia

Durante la entrevista, el defensor general aportó uno de los datos concretos sobre las primeras semanas de implementación. “Desde la vigencia de esta ley, que fue a principios del mes de septiembre, hasta hoy, tenemos dos casos en la provincia y son delitos contra la propiedad”, precisó.

En ambos expedientes comenzaron a aplicarse los protocolos correspondientes y deberán intervenir los distintos actores del sistema judicial. Benítez insistió en que el objetivo de los organismos provinciales será realizar una aplicación de la legislación compatible con las garantías constitucionales.

“Nosotros vamos a tratar de hacer una aplicación racional de la ley y conforme a la Constitución Nacional. Ese es el objetivo. Salvo alguna violación muy grosera para un caso concreto, se podrá declarar la inconstitucionalidad”, sostuvo.

Por qué cuestionó la baja de edad

Benítez apeló a su experiencia profesional para explicar por qué considera que disminuir la edad de responsabilidad penal no garantiza una reducción del delito. Recordó que durante su etapa como defensor de primera instancia en Concordia llegó a tener decenas de menores privados de su libertad.

“Yo era defensor de primera instancia en Concordia y tenía privados de la libertad a 80 niños. Eso era lo que ocurría. Y si usted me pregunta si el hecho de estar privados de la libertad aseguró algo a la sociedad, no. Cometieron los delitos más graves”, manifestó.

Luego comparó la situación con países de la región que cuentan con edades de responsabilidad penal más bajas. “Uruguay y Brasil tienen edades de 14 o 12 años y tienen más delitos que nosotros. La baja no asegura que no existan más delitos o que disminuya el delito”, afirmó.

Cuestionamientos a las penas previstas

Otro de los aspectos objetados por Benítez fue la extensión que pueden alcanzar las penas privativas de la libertad. Según explicó, la legislación estableció un límite de 15 años para adolescentes, cifra que comparó con los máximos establecidos en otros países sudamericanos.

“Brasil, por ejemplo, fija una pena de tres años. Uruguay fija una pena máxima de 10 años”, señaló. A partir de esa comparación, cuestionó el máximo contemplado en Argentina para determinados delitos cometidos por menores.

“Lo que nosotros decimos es que esa pena es excesiva, porque a un chico de 14 años le podés llegar a aplicar una pena que es mayor a los años de vida que tiene”, afirmó. Y concluyó: “Son todas esas cosas que nosotros observamos y por eso creo que tenemos que aplicar la ley con racionalidad”.

Cuáles son los delitos más frecuentes en Entre Ríos

La entrevista también abordó el panorama general de las causas que llegan a la Defensa Pública. Benítez indicó que los delitos contra la propiedad ocupan el primer lugar entre aquellos que derivan en condenas y privaciones de la libertad dentro de la provincia.

“El delito que más tenemos, por el que más se condena y por el que más personas hay privadas de la libertad, es el delito contra la propiedad, es decir, el robo”, detalló. En segundo lugar ubicó las causas por abuso sexual y vinculó la cantidad de procesos con el nivel de denuncias existente en Entre Ríos.

Finalmente, el defensor general explicó que el sistema afronta una demanda creciente y que la Defensa Pública interviene no solamente en cuestiones penales, sino también en problemáticas familiares, de salud mental y otras situaciones de vulnerabilidad. “La demanda al defensor público es cada vez mayor porque había mucha gente que anteriormente podía pagar un abogado y hoy no lo puede pagar, o no tenía problemas y hoy los tiene”, señaló.