El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publica su informe La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024). El documento actualiza la información producida por el CNPT desde 2022 en adelante, a partir de datos cuantitativos sobre la población privada de la libertad en establecimientos penitenciarios de todo el país.
La información surge del trabajo de producción, sistematización e integración de datos estadísticos realizado en el marco del Registro Nacional de Lugares de Encierro, Población Alojada y Capacidad de Alojamiento (RNLPyC) del CNPT.
El documento aborda, entre otros aspectos, el aumento del encarcelamiento, la evolución de los niveles de ocupación por jurisdicción, las características judiciales y sociodemográficas de la población, así como la situación de las personas privadas de la libertad con medidas de seguridad por razones de salud mental.
Récord histórico de encarcelamiento
Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 PPL cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia. Cinco provincias superan ampliamente la tasa nacional de encarcelamiento: Córdoba encabeza la lista, con casi 377 PPL cada 100.000 habitantes.
Le siguen: Mendoza, con 308; Buenos Aires, con 305; Santa Fe, con 286 y Salta, con 267.
Durante los últimos 25 años, el encierro en prisiones creció a un promedio anual del 6 %, con la única excepción de 2020, cuando descendió a raíz de la pandemia. En 2024, el aumento fue aún mayor y alcanzó el 7,1 %. Aunque se incrementó la cantidad de plazas carcelarias, esto no logró reducir los niveles de sobrepoblación. A nivel nacional, el conjunto de los sistemas penitenciarios funciona al 130,2 % de su capacidad. Esto implica que hay 130 personas alojadas donde caben 100.
En 2024, diversos poderes ejecutivos provinciales incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó.
El CNPT reconoce estos esfuerzos para abordar la sobrepoblación, pero advierte que el problema no debe abordarse de manera exclusiva mediante la ampliación de la red penitenciaria. Esta problemática se vincula con múltiples factores, entre ellos: el uso sistemático de la prisión preventiva, el incremento de personas condenadas a penas cortas, el aumento de la severidad de la legislación penal, la reticencia judicial a aplicar medidas alternativas a la prisión, la ausencia de mecanismos judiciales y ejecutivos para controlar la sobrepoblación.
Asimismo, el informe analiza en detalle, entre otros puntos, la situación procesal y los tipos de delitos de la población encarcelada. En los últimos años se registraron numerosas reformas legislativas en la administración de la justicia penal de carácter regresivo para los derechos de las personas privadas de la libertad, que implicaron un aumento de la severidad punitiva. Las reformas se caracterizan por la elevación de las escalas penales, la imposición de penas privativas de la libertad sin posibilidad de ejecución condicional, la creación de nuevos tipos penales y la ampliación del uso de la prisión preventiva. Esta dinámica ha contribuido de manera directa en el aumento de las tasas de encarcelamiento y en la situación de sobrepoblación penitenciaria.
La situación procesal de las personas privadas de la libertad muestra que la mayoría cuenta con una condena firme. En la actualidad, el 62,0 % de la población carcelaria se encuentra condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva.
Una lectura retrospectiva de estos datos indica que la proporción de personas condenadas registra un aumento sostenido, y que la población con prisión preventiva disminuyó de manera considerable durante los últimos dos años. Sin embargo, esta disminución es relativa ya que este cambio se produjo en un contexto de inflación carcelaria. En términos absolutos, la cantidad total de personas presas de forma preventiva no ha cesado de crecer: en solo tres años aumentó cinco puntos porcentuales, pasando de 43.191 personas procesadas en 2022 a 45.305 en 2024.
La situación procesal presenta marcadas diferencias entre las distintas jurisdicciones del país. Neuquén registra el mayor porcentaje de personas condenadas, con un 99,6%. Chaco, Chubut y San Juan también superan el 90 % de población con condena. Otras provincias, como Chaco, Chubut y San Juan, también superan el 90 % de personas privadas de la libertad con condena. En contraste, algunas jurisdicciones superan la media nacional de personas encarceladas sin condena, entre ellas Formosa (51 %), Córdoba (49 %), Buenos Aires (43 %) y Misiones (39%).
En relación al uso de la prisión preventiva, se evidencia una desigualdad de género al comparar las cifras entre distintos grupos. En relación con los varones, las mujeres y las personas trans o no binarias presentan niveles más altos de aplicación de esta medida cautelar. En particular, el 48,6 % de las mujeres procesadas se encuentran en prisión preventiva, al igual que el 42,9 % de las personas trans o no binarias. En contraste, entre los varones procesados este porcentaje desciende al 36,8 %.
En cuanto a los tipos de delitos por los cuales se encuentran privadas de la libertad las personas encarceladas, se observa que la mayor proporción corresponde a los delitos contra la propiedad, que representan el 36,4 % del total, es decir, casi cuatro de cada diez personas. Le siguen los delitos contra las personas, que alcanzan el 21,7 %, y los delitos contra la integridad sexual, con un 20,5 %.
Pobreza, género y criminalización
Los principales delitos perseguidos por el sistema penal se vinculan con situaciones de vulnerabilidad social y se encuentran fuertemente atravesados por el género. En este sentido, los delitos vinculados a estupefacientes afectan de manera diferencial a los distintos grupos. Entre las mujeres privadas de la libertad, casi cuatro de cada diez se encuentran detenidas por este tipo de delitos, lo que representa el 36,3 % del total. En el caso de las personas trans, tres de cada diez están encarceladas por delitos relacionados con estupefacientes. En contraste, entre los varones solo uno de cada diez se encuentra detenido por este tipo de delitos.
Por el contrario, los delitos contra la propiedad presentan una mayor incidencia entre los varones. Casi cuatro de cada diez varones privados de la libertad se encuentran encarcelados por este tipo de delitos, alcanzando el 36,9 %. Entre las mujeres, casi tres de cada diez están detenidas por delitos contra la propiedad, mientras que entre las personas trans esta proporción desciende a dos de cada diez.
Desde el CNPT subrayamos que las reformas legislativas de carácter regresivo, caracterizadas por la elevación de las escalas penales, la imposición de penas privativas de la libertad sin posibilidad de ejecución condicional, la creación de nuevos tipos penales y la ampliación del uso de la prisión preventiva han generado una inflación penal que se traduce en un aumento sostenido del encarcelamiento.
El CNPT advierte que el aumento del encarcelamiento se relaciona con reformas legislativas de carácter regresivo, el uso excesivo de la prisión preventiva, la simplificación del debate político y social sobre la inseguridad, la presión de los medios de comunicación y las prácticas de las/os operadores judiciales.
Penas cortas
Otro eje de especial interés para el CNPT es el monto de las penas impuestas a la población condenada, con particular atención en las condenas de hasta tres años —es decir, por delitos de escasa o nula lesividad— que representan el 17 % de la población condenada y alojada en cárceles del país (12.787 personas). Se trata de un dato de alta relevancia para la política criminal, ya que estas condenas corresponden a delitos excarcelables bajo determinadas condiciones y, por su naturaleza, podrían admitir la aplicación de medidas alternativas al encierro. Por lo general, se trata de delitos de escasa o nula violencia, como hurto, robo simple, estafa y defraudación, daños, lesiones, encubrimiento e infracciones a la ley de drogas, entre otros. Lejos de avanzar en ese sentido, la ejecución efectiva de las penas cortas continúa en aumento.
En 2022, las personas con condenas de corta duración representaban el 13,5 % del total de personas condenadas; para 2024, esta proporción se incrementó al 17 %. Los tribunales se encuentran facultados para disponer que estas penas sean de ejecución condicional, bajo determinadas condiciones, salvo en los casos en que la persona registre condenas anteriores.
Medidas de seguridad por motivos de salud mental
El informe también analiza el alojamiento en establecimientos penitenciarios de personas a quienes se les ha dictado una medida de seguridad curativa por motivos de salud mental. Al 31 de diciembre de 2024, 256 personas se encontraban alojadas en cárceles, unidades y complejos penitenciarios bajo esta condición, lo que representa el 0,2 % de la población encarcelada. El alojamiento de este grupo en establecimientos penitenciarios genera múltiples vulneraciones de derechos. Las prisiones operan bajo una tensión permanente entre los objetivos tratamentales y securitarios, priorizando, por lo general, estos últimos. Como resultado, los abordajes en materia de salud mental resultan deficitarios y, en muchos casos, inexistentes.