Todo ocurrió el jueves 7. Ese día, un grupo de afiliados a la obra social Programa de Atención Médica Integral (PAMI) concurrió al Instituto Oftalmológico Castroviejo, en Urquiza al 600 de Paraná, para un acto médico que, en los papeles, no duraría mucho y no tendría mayores inconvenientes: una cirugía de cataratas.

Pero algo salió mal: al menos 11 pacientes, todos afiliados al PAMI, tuvieron una grave complicación luego de esa operación y les debieron extraer de urgencia las lentes que les habían implantado.

La cirugía de catarata es necesaria cuando el cristalino no cumple bien su función, ya sea por envejecimiento natural del ojo o alguna enfermedad crónica, como la diabetes: es igual que en una cámara de fotos, si la lente está sucia o empañada, la fotografía saldrá borrosa o nublada. Igual, cuando el cristalino está opaco por la catarata, los rayos de luz no llegan perfectamente definidos a la retina, se dispersan: por lo tanto, las imágenes enviadas al cerebro se verán borrosas.

Entonces, ocurre la cirugía de catarata, con la implantación de un lente que devuelve su función al cristalino.

Pero en aquellas cirugías realizadas el jueves 7 en el Instituto Castroviejo, 11 pacientes resultaron con una complicación grave que comprometería su visión. Los primeros diagnósticos hechos en Santa Fe, adonde se están tratando luego de que el PAMI suspendiera al Instituto Castroviejo como prestador, hablan de un “pronóstico reservado”.

La derivación, según dijo una fuente de la obra social de los jubilados, se realizó al Instituto Santa Lucía, de Santa Fe, y esa situación se mantendrá así no sólo con los pacientes afectados por aquella cirugía sino con todos los afiliados al PAMI que requieran prestación oftalmológica: la obra social los deriva en ambulancia o les paga el viaje.

En la Justicia

El caso determinó la rápida intervención de la Justicia, que ahora tramita una investigación a cargo de los fiscales Gervasio Labriola e Ignacio Aramberry, a partir de una petición del titular Fiscal de Investigación PAMI (UFI–PAMI), el abogado Pablo Piqué que viajó especialmente a Paraná.

Primero, procuró llevar el caso a la Justicia Federal, pero como no se trataba de un delito que afectara al patrimonio de la administración nacional, sino a los afiliados al PAMI el caso derivó hacia la Justicia provincial. Piqué se entrevistó con la procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche, y se acordó poner al frente de la investigación a los fiscales Labriola y Aramberry, quienes dispusieron un inmediato allanamiento en el Instituto Castroviejo.

En diálogo con EL DIARIO, el fiscal Labriola contó que de momento la causa no ha registrado demasiados avances por cuanto están abocados a la etapa de análisis del material secuestrado, historias clínicas y discos rígidos. Pero adelantó que está pendiente la citación de los once pacientes afectados, para que brinden su testimonio en la causa judicial. En tanto, no hubo ninguna presentación en Tribunales de parte de los asesores legales de Castroviejo, según detalló el fiscal.

Sin datos. En forma paralela a la investigación judicial, la UFI–PAMI está desarrollando su propia pesquisa.

Cuando el titular de ese organismo que depende de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, visitó Paraná alertado por las denuncias de los afiliados al PAMI, el primer lugar que pisó fue el Instituto Castroviejo, y lo hizo acompañado de la oftalmóloga María Fernanda Merlo, con quien recogió pruebas y testimonio que están siendo analizados como parte de la pesquisa interna.

Aunque desde el Instituto Castroviejo han desacreditado las críticas y han reprochado la investigación abierta por el PAMI. La titular de la clínica, quien a su vez es jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital San Martín, Alejandra Desio, ha dicho que lo que ocurrió aquel jueves 7 fue que “algunos de los pacientes intervenidos” tuvieron “una evolución diferente a la esperada”, y que eso podría deberse a un “proceso infeccioso” y que tras detectarlo “se procedió a la inmediata aplicación del protocolo médico que amerita el caso”.

Por fuera de esa explicación, Desio hizo saber que en su clínica “han actuado conforme a las reglas imperantes en la materia, no existiendo conducta negligente alguna de su parte, como mendazmente ha pretendido sostener la autoridad local del PAMI”. Y achacó a la obra social la responsabilidad de una “campaña de difamación, con espurios fines e intencionalidad política”.

No obstante, PAMI suspendió al Instituto Castroviejo como prestador oftalmológico, y al ser el único prestador en esta franja de Entre Ríos, los afiliados a la obra social debieron optar por trasladarse a Santa Fe, mientras el organismo negocia nuevos acuerdos. “Todo está en conversaciones por ahora”, dijeron desde el PAMI. “Nosotros hemos suspendido a Castroviejo, pero no impedimos que un afiliado vaya y se haga atender. Pero en ese caso, como paciente particular, porque la clínica está suspendida hasta que la Justicia aclare todo este asunto”, dijo la fuente consultada.

Pero todavía resta aclarar –un asunto que oficialmente se desconoce– qué fue lo que ocurrió aquel jueves 7. El PAMI no lo sabe, la Justicia no lo sabe, la UFI PAMI no lo sabe. Lo único que se tiene es un informe preliminar sobre la salud de los pacientes afectados, y se habla de un “pronóstico reservado”, aunque desde la obra social dicen que se dispuso “de una prestación por fuera de lo que habitualmente da el PAMI en virtud de la situación por la que habían pasado”, señaló la fuente.