La extradición de Pequeño J fue oficialmente autorizada por el Gobierno de Perú, que este sábado confirmó la entrega de Tony Janzen Valverde Victoriano, principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela. El imputado será trasladado a la Argentina para enfrentar a la Justicia por los asesinatos de tres jóvenes ocurridos en 2022.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS, firmada por el presidente peruano José Enrique Jerí Oré y publicada el 30 de enero en Lima. El documento da curso al pedido realizado por el Estado argentino en el marco del proceso judicial que investiga uno de los casos más graves de violencia de género de los últimos años.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la medida representa un paso clave para que el acusado pueda ser sometido a juicio oral en territorio argentino, donde se produjeron los crímenes y donde residen las familias de las víctimas.
Los cargos que enfrenta el acusado
Tony Janzen Valverde Victoriano será juzgado en la Argentina por los femicidios de Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo, de 20, y Morena Verdi, también de 20. Las jóvenes fueron asesinadas en un hecho que generó una fuerte conmoción social y derivó en masivas movilizaciones en reclamo de justicia.
La causa judicial califica los hechos como “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”. Esta figura contempla una de las penas más severas previstas en el Código Penal argentino.
La extradición de Pequeño J permite que el proceso avance en la jurisdicción correspondiente y refuerza la cooperación judicial entre ambos países en casos de delitos graves.
Condiciones impuestas por el Gobierno peruano
La resolución que habilita la extradición establece una serie de condiciones que deberán cumplirse antes de concretar el traslado. Entre ellas, las autoridades peruanas deberán constatar que el imputado no tenga procesos penales pendientes ni condenas firmes en Perú. En caso de existir causas abiertas, la entrega quedaría suspendida hasta su resolución.
Además, el Estado argentino asumió el compromiso de computar el tiempo que el acusado permaneció privado de su libertad en Perú durante el trámite de extradición. Esta garantía fue uno de los requisitos centrales exigidos por el país vecino para avanzar con la medida.
El documento oficial también cuenta con las firmas del ministro de Justicia de Perú, Walter Eleodoro Martínez Laura, y del canciller Hugo Claudio De Zela Martínez, lo que le otorga plena validez institucional.