Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba desde la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde permanecía detenido en el marco de la investigación por el homicidio del remisero Martín Palacio. Su abogado defensor en Entre Ríos, Augusto Lafferriere, confirmó a Elonce que se opuso a la medida al considerar que todavía existen actos procesales pendientes en la provincia.

Laurta también está acusado en Córdoba por los femicidios de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio. Según explicó el letrado, la jueza de Garantías de Concordia, María Gabriela Seró, dispuso dos traslados: uno hacia el Ministerio Público Fiscal entrerriano para que el detenido formulara una denuncia y otro hacia territorio cordobés: la cárcel de Cruz del Eje.

“Desde el inicio de que asumí la defensa ha manifestado que tiene cuestiones para decir, para contar y exponer su versión”, afirmó Lafferriere. El abogado indicó que los planteos de Laurta estuvieron relacionados con una supuesta situación de trata infantil vinculada a su hijo, aunque evitó aportar mayores precisiones debido a la reserva que podría requerir la investigación.

La defensa se opuso al traslado a Córdoba

Lafferriere explicó que la defensa no objetó que Laurta fuera llevado ante la Fiscalía para formular la denuncia. “Vemos con buenos ojos que la Justicia también escuche lo que Laurta tenga para decir”, sostuvo durante la entrevista con Elonce.

Distinta fue la postura frente al traslado a Córdoba. El abogado señaló que el 28 de agosto presentó un escrito ante el Juzgado de Garantías para manifestar su oposición. Según argumentó, la investigación por el crimen de Palacio todavía se encontraba en etapa preparatoria y bajo la intervención de la fiscal Daniela Montangie, de Concordia.

“Entendemos que aún no están finalizados” los actos procesales en Entre Ríos, manifestó. Lafferriere sostuvo que la denuncia realizada por su defendido podría derivar en nuevas citaciones y diligencias dentro de la jurisdicción entrerriana.

Es necesario aclarar que el Fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida contra Pablo Laurta por el doble femicidio de la madre y de la abuela de su hijo de 5 años, Luna Giardina y Mariel Zamudio, respectivamente. Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que Laurta llegará a juicio imputado por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

La situación judicial de Laurta

Consultado sobre las acusaciones, el defensor remarcó que las causas todavía se encontraban en investigación. “Hay una grave acusación contra él; judicialmente también, pero aún en etapa incipiente”, explicó.

Lafferriere aclaró que su intervención profesional se limita al expediente tramitado en Entre Ríos por el crimen de Palacio y que desconoce las particularidades de las pruebas reunidas en Córdoba por los otros dos homicidios investigados.

También aseguró que Laurta se encontraba en condiciones de afrontar el proceso judicial. “Es una persona con quien se puede mantener un diálogo normal. Tiene su capacidad de juicio, su razonabilidad intacta. Entendemos que desde ese punto de vista no hay ningún impedimento para que él pueda defenderse y someterse a proceso”, señaló.

Cabe recordar que el acusado formaba parte de «Varones Unidos», una agrupación de tinte antifeminista. La asociación considera a la feminidad como un “complemento natural de la esencia masculina” y exige dar lugar a las “problemáticas masculinas”.

Evaluaron recurrir a la Justicia Federal

Otro punto planteado por la defensa fue una eventual discusión sobre la competencia judicial. Lafferriere explicó que los homicidios son delitos comunes y, en principio, corresponde que intervengan las justicias provinciales de Entre Ríos y Córdoba.

Sin embargo, sostuvo que existen elementos que podrían habilitar un planteo para llevar el expediente al fuero federal. Entre ellos mencionó la condición de extranjero del imputado (es ciudadano uruguay) y la existencia de investigaciones desarrolladas en dos provincias.

“Entendemos que aquí sí habría la posibilidad de que por inhibitoria o por declinatoria se presente un pedido de incompetencia en la Justicia provincial y el caso sea llevado a la Justicia Federal”, indicó. No obstante, aclaró que la defensa todavía no resolvió avanzar con esa estrategia: “Hemos evaluado esa opción. Aún no hemos decidido el temperamento a seguir”.

Las causas que se investigan

Laurta había sido detenido el pasado 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú cuando se encontraba acompañado por su hijo. A partir de la investigación también avanzó la causa por el homicidio del remisero Palacio, a quien contrató cuando llegó a la Argentina de forma clandestina con el objetivo de viajar a Córdoba y llevarse al niño. Antes, había cruzado en piragua desde Uruguay a Entre Ríos para evitar dejar rastros en la Aduana.

El día de los femicidios, Laurta accedió armado al domicilio de su ex y mamá de su hijo. Una vez en el interior de la propiedad, atacó a Luna y a su suegra Mariel a tiros hasta matarlas. Así, escapó y se llevó consigo al niño de 5 años, desencadenando un operativo de búsqueda que culminó con su captura en la provincia de Entre Ríos; los investigadores están convencidos de que lo iba a cruzar a Uruguay de manera ilegal.

El arresto de Laurta, uno de los creadores de la comunidad digital que defendía los derechos de los hombres y cuestionaba las políticas de género; desnudó además el plan criminal urdido por el uruguayo, que incluyó el crimen de Palacio, su desmembramiento y la dispersión de los restos en distintos puntos del trayecto que recorrió en los departamentos de Concordia y Rosario del Tala.

Mientras los expedientes avanzan en ambas jurisdicciones, la defensa insistió en que todavía quedaban medidas procesales pendientes en Entre Ríos y dejó abierta la posibilidad de discutir la competencia ante la Justicia Federal.