Un nuevo fallo contra la reforma laboral suspendió cambios en convenios colectivos, luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°77 hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP). La resolución frenó provisoriamente la aplicación de disposiciones de la Ley 27.802 y decretos reglamentarios para el convenio colectivo 704/14.
La decisión fue adoptada por el juez Mariano Candal y alcanzó puntualmente a los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral 27.802 y a los artículos 6 y 7 del Decreto 407/2026. Según planteó el sindicato, esas normas afectaban la denominada ultraactividad de los convenios colectivos y establecían limitaciones sobre aportes, contribuciones y fondos destinados a organizaciones gremiales y mutuales.
La cautelar tuvo un alcance específico: suspendió esas disposiciones exclusivamente respecto del convenio colectivo 704/14 mientras continuara la discusión judicial de fondo. Además, estableció que las cláusulas normativas y obligacionales de ese acuerdo mantuvieran su vigencia y exigibilidad hasta que se dictara una sentencia definitiva.
Qué cuestionó el sindicato ante la Justicia
El SUTEP había promovido una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM). La presentación estuvo vinculada con el convenio colectivo 704/14 y formó parte de una estrategia judicial impulsada por diferentes organizaciones sindicales frente a distintos puntos de la reforma laboral.
El gremio, conducido por Miguel Ángel Paniagua, representa a trabajadores de actividades relacionadas con los medios de comunicación, entre ellos la radio; el sector audiovisual; cinematografía; teatros; circos; televisión y publicidad. También comprende actividades de entretenimiento y esparcimiento, como parques de diversiones, salones de juegos, confiterías bailables y clubes nocturnos, además de estadios y salas de espectáculos.
Posteriormente, con la publicación del Decreto 612/2026, el sindicato amplió su planteo judicial y cuestionó también su artículo 1. En ese caso, la controversia estuvo centrada en la modificación de la base imponible salarial mediante la exclusión de determinados conceptos, entre ellos el sueldo anual complementario y las horas extras.
La discusión por la ultraactividad de los convenios
Uno de los puntos centrales de la presentación fue la ultraactividad, el principio por el cual determinadas cláusulas de un convenio colectivo continúan vigentes una vez vencido el plazo originalmente establecido y hasta que sean reemplazadas por un nuevo acuerdo.
Desde el SUTEP sostuvieron que las modificaciones introducidas podían alterar esa continuidad y afectar derechos establecidos en el convenio colectivo. También cuestionaron los límites previstos para aportes, contribuciones y fondos destinados tanto a la organización sindical como a la Asociación Mutual AMERA.
Al analizar el pedido, Candal decidió conceder la medida cautelar mientras continuara el proceso principal. De esa manera, los cambios cuestionados no podrán aplicarse por el momento al convenio 704/14, aunque la resolución no implicó una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de las normas.
El respaldo de la CGT al planteo judicial
Tras conocerse la resolución, Paniagua consideró que la medida representó un respaldo a la estrategia gremial destinada a “proteger las conquistas laborales frente a medidas que resultan perjudiciales para el sector”.
La Confederación General del Trabajo (CGT), por su parte, acompañó la presentación y destacó los fundamentos considerados por el tribunal. Desde la central obrera señalaron que las disposiciones cuestionadas buscaban limitar la ultraactividad de los convenios colectivos, establecer topes a determinados aportes y contribuciones y modificar la base de cálculo salarial.
Los abogados vinculados con la central sindical también destacaron que la resolución hizo referencia a limitaciones que “carecen de antecedentes en el sistema argentino de relaciones colectivas”. El planteo fue analizado, además, en relación con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vinculados con la libertad sindical y la negociación colectiva.
El posible impacto económico señalado por el tribunal
Otro de los aspectos considerados fue el eventual perjuicio económico que la aplicación inmediata de las modificaciones podría generar sobre la organización sindical. Según el planteo gremial, una reducción de los recursos disponibles podría repercutir en distintas prestaciones destinadas a los trabajadores.
Entre ellas se mencionaron servicios sociales, asistenciales y mutuales, además de actividades de capacitación. Ese posible impacto formó parte de los argumentos utilizados para solicitar que las modificaciones no entraran en vigencia hasta que se resolviera la cuestión de fondo.
La cautelar permitió, de esta manera, preservar provisoriamente las condiciones establecidas en el convenio colectivo involucrado. Sin embargo, el expediente continuará su trámite y será la sentencia definitiva la que determine la validez de los cuestionamientos formulados contra la legislación.
La postura de la central obrera
La CGT interpretó el pronunciamiento como parte de una discusión que excedió el caso particular del SUTEP y vinculó el expediente con el funcionamiento general de la negociación colectiva y el financiamiento de las organizaciones sindicales.
“Lo que estuvo en juego en este expediente excede a un sindicato en particular. Cuando se ataca la ultraactividad de un convenio o el financiamiento de una organización gremial, se ataca la capacidad de todo el movimiento obrero de sostener sus conquistas”, manifestó la central obrera tras conocerse la decisión judicial.
Asimismo, la CGT reiteró su acompañamiento al SUTEP y a otras organizaciones que recurrieron a mecanismos judiciales e institucionales para cuestionar distintos aspectos de las modificaciones laborales impulsadas por el Gobierno.
Una resolución provisoria y de alcance limitado
La decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N°77 se incorporó así a la discusión judicial abierta alrededor de la aplicación de distintos artículos de la Ley de Modernización Laboral. Al tratarse de una medida cautelar, no resolvió el fondo del conflicto ni declaró definitivamente inválidas las disposiciones cuestionadas.
Otro aspecto relevante fue su alcance: la suspensión quedó limitada al convenio colectivo 704/14. Por lo tanto, la resolución no significó una suspensión general de los artículos de la reforma laboral para la totalidad de las actividades o convenios colectivos del país, publicó IProfesional.
Mientras avance el expediente, las cláusulas normativas y obligacionales del convenio de los trabajadores alcanzados por la presentación continuarán plenamente vigentes y serán exigibles. La discusión de fondo deberá determinar posteriormente si las modificaciones introducidas por la legislación y los decretos cuestionados resultaron compatibles con el régimen de negociación colectiva vigente.