REDACCIÓN ELONCE
El oficialismo inició negociaciones con sectores de la oposición para intentar avanzar con la Ley de Propiedad Privada, un proyecto que introduce cambios profundos en el régimen de tierras, barrios populares, desalojos y manejo del fuego. La iniciativa aún no cuenta con los votos necesarios, lo que obliga al Gobierno a buscar consensos en el Congreso.
Según fuentes parlamentarias, las conversaciones se centran en sumar el respaldo de bloques dialoguistas como la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales. La falta de acuerdos también demora la convocatoria al plenario de comisiones donde debería debatirse el proyecto.
Cambios en la compra de tierras
Uno de los puntos más controvertidos de la Ley de Propiedad Privada es la modificación del régimen vigente sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. El proyecto propone eliminar el límite de 1.000 hectáreas establecido por la ley 26.737 sancionada en 2011.
La iniciativa plantea mantener controles únicamente cuando intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, bajo el argumento de preservar la soberanía nacional. Sin embargo, sectores dialoguistas expresaron reparos frente a una eventual apertura sin límites.
Barrios populares y desalojos en debate
Otro eje central de la Ley de Propiedad Privada es la reforma de la ley 27.453, que regula la integración sociourbana de barrios populares. El proyecto propone limitar las expropiaciones y eliminar la suspensión de desalojos vigente por diez años.
Además, se plantea derogar artículos clave vinculados al acceso a la propiedad y reducir la participación de organizaciones sociales en obras, eliminando el cupo del 25% destinado a estos espacios.
Un nuevo sistema y cambios ambientales
La iniciativa también incorpora un sistema exprés de desalojos, que reduce de 10 a 3 días el plazo de intimación por falta de pago y agiliza el proceso judicial para la restitución de inmuebles.
En paralelo, propone cambios en la normativa de manejo del fuego, eliminando restricciones establecidas en 2020 que impedían la venta de tierras incendiadas por largos períodos y limitaban su cambio de uso.
El Gobierno argumenta que esas medidas afectan el derecho de propiedad, mientras que sectores opositores alertan sobre posibles consecuencias negativas en la protección de bosques, humedales y áreas productivas.