Las denuncias contra petroleras por Malvinas serán ampliadas por el Gobierno nacional y ya no estarán dirigidas únicamente contra las empresas involucradas. La administración de Javier Milei anticipó que las nuevas acciones penales buscarán individualizar también a directivos y responsables que hayan intervenido en decisiones relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente, que indicó que las actividades investigadas estarían violando las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659. A partir de esta decisión, el Ejecutivo avanzará tanto con ampliaciones de procesos judiciales existentes como con la apertura de nuevas causas.
El alcance anunciado comprende a “directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas” que hayan participado en las decisiones vinculadas con las actividades consideradas ilegítimas por el Estado argentino.
Las acciones no se limitarán a las empresas
De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo será determinar responsabilidades individuales dentro de las compañías que intervengan en actividades hidrocarburíferas alcanzadas por la legislación argentina vinculada con la Plataforma Continental.
“El Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”, sostuvo el Gobierno.
La Casa Rosada remarcó además que las medidas “no se limitarán a las personas jurídicas”. De esta manera, la estrategia judicial buscará avanzar sobre quienes, debido a los cargos y funciones que ocupan dentro de las compañías, hayan participado en las decisiones investigadas.
Nuevas causas y ampliación de procesos existentes
Según se informó oficialmente, el anuncio tendrá dos consecuencias en el plano judicial. Por un lado, se ampliarán procesos que ya se encuentran en marcha y, por otro, se impulsarán nuevas denuncias penales relacionadas con las actividades hidrocarburíferas cuestionadas.
El Gobierno fundamentó la decisión en las disposiciones de la Ley 26.659, que establece condiciones y prohibiciones relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin la correspondiente autorización nacional.
La nueva decisión profundiza así la estrategia oficial frente a las compañías que, según sostiene el Ejecutivo, desarrollan actividades que afectan los derechos soberanos argentinos. En esta instancia, la intención será establecer no solamente la eventual responsabilidad de las sociedades comerciales, sino también la participación de las personas que adoptaron o ejecutaron esas decisiones.
El Gobierno anticipó que continuará con las acciones
La administración de Milei aseguró que continuará recurriendo a las herramientas disponibles para impedir actividades que considere contrarias a los derechos soberanos de la Argentina.
“El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”, expresó el comunicado.
Con la ampliación anunciada, las acciones judiciales relacionadas con la explotación hidrocarburífera en la Plataforma Continental Argentina ingresarán en una nueva etapa, al incorporar la búsqueda de responsabilidades individuales entre los integrantes de las compañías involucradas, publicó NA.
La decisión se inscribe en el histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes. En ese marco, el Ejecutivo ratificó que continuará impulsando medidas contra las actividades que considere realizadas sin autorización de las autoridades argentinas.