Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera del Reino Unido en las Islas Malvinas, durante una audiencia realizada este martes 10 de noviembre en Hamburgo, Alemania.

La delegación nacional solicitó medidas provisionales para suspender las actividades vinculadas con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, al considerar que podrían ocasionar daños irreversibles sobre los recursos naturales y el ambiente marino de una zona cuya soberanía permanece en disputa.

La presentación se desarrolló ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), donde representantes argentinos expusieron argumentos jurídicos, ambientales y vinculados con la soberanía. El objetivo fue impedir que las operaciones petroleras avanzaran mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar la controversia principal, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La primera ronda de exposiciones argentinas concluyó durante la mañana. Para la tarde estaba prevista la intervención del Reino Unido, que anticipó su intención de solicitar el rechazo íntegro del pedido. Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre, con nuevas presentaciones de ambas delegaciones antes de que el organismo internacional evalúe las medidas solicitadas.

Los argumentos argentinos sobre la soberanía de Malvinas

Uno de los principales fundamentos del reclamo argentino fue la relación entre la explotación petrolera y la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. La delegación sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos naturales ubicados en un territorio cuya soberanía continúa en discusión, mientras permanece pendiente el proceso de descolonización reconocido por las Naciones Unidas.

Los representantes nacionales recordaron la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre ambos países e instó a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. También mencionaron la Resolución 31/49, de 1976, que exhortó a las partes a evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación durante el proceso de negociación.

Desde la posición argentina, Londres no puede rechazar las conversaciones sobre soberanía y, simultáneamente, avanzar con la explotación de recursos naturales del área disputada. El Gobierno recordó que rechazó reiteradamente las licencias británicas para actividades hidrocarburíferas y que, en agosto de 2026, volvió a manifestar su disposición al diálogo, propuesta que fue desestimada por el Reino Unido.

El petróleo como recurso no renovable y el riesgo irreversible

Otro de los ejes centrales estuvo relacionado con el carácter irreversible de la extracción petrolera. La delegación argentina explicó que los hidrocarburos constituyen recursos no renovables y que, una vez retirados del subsuelo, ninguna sentencia posterior podría restituirlos ni recuperar completamente las condiciones anteriores.

Bajo ese argumento, los representantes nacionales advirtieron que esperar una resolución definitiva del procedimiento arbitral, sin adoptar medidas preventivas, podría dejar sin protección efectiva los derechos que Argentina busca preservar. La explotación, según plantearon, podría generar consecuencias permanentes antes de que exista un pronunciamiento judicial sobre el fondo de la controversia.

Por ese motivo, la solicitud apuntó a detener temporalmente las operaciones relacionadas con Sea Lion, mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Argentina pretende que se preserven sus derechos invocados sobre la plataforma continental hasta que se analice la controversia principal.

Advirtieron que un derrame podría alcanzar aguas argentinas

La dimensión ambiental también ocupó un lugar destacado durante la audiencia. La delegación nacional advirtió sobre las consecuencias que podría ocasionar un eventual derrame de petróleo en el Atlántico Sur y sostuvo que las actividades proyectadas representan riesgos para el ecosistema marino.

Según señalaron los representantes argentinos, el plan de contingencia presentado por una de las compañías contempla la posibilidad de que los hidrocarburos alcancen aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días, en caso de producirse un incidente de determinadas características.

La preocupación expresada por el Gobierno fue que Argentina pudiera verse obligada a intervenir ante una emergencia ambiental originada en operaciones que considera ilegítimas y sobre las cuales no tiene facultades de autorización ni control. Este escenario fue presentado como uno de los fundamentos para justificar la urgencia de las medidas provisionales.

Quiénes integran la delegación argentina ante el Tribunal

La representación institucional argentina estuvo integrada por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación; el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro; y Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania.

El equipo jurídico también contó con especialistas internacionales. Entre ellos se destacó Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal del Mar, quien participó en la representación argentina durante el caso de la Fragata Libertad.

También integraron el equipo Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido por sus investigaciones sobre derecho internacional y recursos naturales, y Agustín Giustiniani, especialista en mecanismos internacionales de solución de controversias.

Cómo fue la exposición argentina en Hamburgo

La presentación comenzó con la intervención de Mario Oyarzábal, quien repasó los antecedentes de la controversia, los derechos que Argentina consideró comprometidos y el alcance de las medidas provisionales solicitadas al Tribunal.

Posteriormente, Marcelo Kohen desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo y explicó por qué, desde la interpretación argentina, el tribunal arbitral que deberá intervenir tendría competencia prima facie, es decir, una base inicial de jurisdicción suficiente para justificar el análisis de medidas provisionales.

Por su parte, Nico Schrijver abordó la urgencia de la intervención, el riesgo de perjuicio irreparable y las posibles amenazas al medio marino. Finalmente, Oyarzábal retomó la palabra para presentar las conclusiones de la delegación y reiterar la necesidad de preservar los derechos invocados por el país.

Reino Unido pidió rechazar el reclamo argentino

El Gobierno británico anticipó una posición contraria a la solicitud argentina. En una comunicación oficial fechada el 2 de noviembre de 2026, difundida por Energy Report, Londres sostuvo que no estaban reunidos los requisitos jurídicos necesarios para que el Tribunal ordenara medidas provisionales.

La defensa británica presentó cuatro objeciones principales. Cuestionó la competencia inicial del tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar, rechazó la verosimilitud de los derechos invocados por Argentina y negó tanto la existencia de un perjuicio irreparable como la urgencia de adoptar medidas preventivas.

Para respaldar su postura, el Reino Unido incorporó declaraciones de Jack Ford, representante de la Asamblea Legislativa de las islas; Ian Ramsay, director ejecutivo de Navitas Petroleum Development and Production; y Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper Exploration. Londres sostuvo que esos testimonios permitirían ofrecer una descripción más completa de las circunstancias del proyecto.

Qué puede resolver el Tribunal Internacional del Derecho del Mar

La controversia sometida al TIDM tiene un alcance jurídico específico. El Tribunal no resolverá en esta instancia la soberanía de las Islas Malvinas ni determinará definitivamente la validez de las licencias petroleras otorgadas por el Reino Unido.

Su función será analizar si corresponde disponer medidas provisionales para proteger los derechos de las partes mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en el procedimiento principal. Para ello, evaluará los argumentos relacionados con la competencia, la urgencia y el riesgo de daños irreparables.

La decisión tendrá importancia para el desarrollo del proyecto Sea Lion, debido a que Argentina busca impedir que las operaciones continúen durante el proceso judicial. Sin embargo, una eventual resolución sobre medidas provisionales no implicará un pronunciamiento definitivo acerca de la controversia territorial.

Milei respaldó la presentación: “ARGENTINA DE PIE”

El presidente Javier Milei expresó públicamente su respaldo a la delegación argentina mediante una publicación en la red social X. El mandatario compartió un mensaje del exsenador y exembajador Federico Pinedo y lo acompañó con la frase “ARGENTINA DE PIE”.

Pinedo había destacado la participación de los representantes nacionales en Alemania: “Histórico momento en que el consejero legal Oyarzábal, nuestro letrado Marcelo Kohen y la secretaria @IbarzabalMaria presentan en Hamburgo la defensa argentina de los recursos naturales en la plataforma continental argentina”, escribió.

El respaldo presidencial se produjo mientras avanzaba una audiencia internacional centrada en la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. La segunda y última jornada se desarrollará este miércoles 11 de noviembre, con una nueva intervención argentina durante la mañana y una exposición final británica. Luego, el Tribunal deberá evaluar los planteos y resolver si corresponde adoptar las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires.