La legalización de la eutanasia en Argentina volvió a instalarse en la agenda pública luego de que una carta de adhesión impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia reuniera más de 5.400 firmas en pocas semanas. La iniciativa busca promover el tratamiento legislativo de proyectos que ya cuentan con estado parlamentario, pero que hasta el momento nunca fueron debatidos en comisiones ni llegaron al recinto de la Cámara de Diputados.
El documento sostiene que, en determinadas situaciones de "padecimiento intolerable, incurable y de sufrimiento persistente", las personas deben tener derecho a decidir de manera libre, informada y acompañada sobre el final de su vida. La propuesta se fundamenta en principios como la autonomía personal, la dignidad humana y la libertad individual.
Entre quienes impulsan la campaña se encuentran referentes de distintas disciplinas, como la doctora en Derecho Marisa Herrera, el médico obstetra Mario Sebastiani, el abogado especializado en derecho médico Ignacio Maglio y el investigador del Conicet Mario Pecheny. Todos coinciden en la necesidad de abrir una discusión pública que permita establecer un marco legal para situaciones que actualmente carecen de regulación específica, publicó Infabae.
Proyectos sin tratamiento parlamentario
Actualmente existen al menos cinco proyectos de ley sobre eutanasia y suicidio asistido con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ninguno logró avanzar en el proceso legislativo ni ser discutido formalmente en las comisiones correspondientes.
Según explicó Mario Sebastiani, uno de los objetivos de la campaña es construir un "proyecto transversal" que pueda reunir consensos entre legisladores de distintos espacios políticos y unificar criterios sobre una temática que genera posiciones diversas tanto en el ámbito médico como en el jurídico y social.
La carta pública ya recibió el respaldo de figuras reconocidas como los juristas Ricardo Gil Lavedra, Aída Kemelmajer de Carlucci y Roberto Gargarella, además de personalidades de la cultura y las ciencias sociales, entre ellas Claudia Piñeiro, Mauricio Kartún, Mercedes Morán, Dora Barrancos y Maristella Svampa.
Qué plantea la iniciativa
Los impulsores sostienen que el debate debe contemplar tanto la eutanasia como el suicidio asistido. La diferencia principal entre ambos procedimientos radica en quién administra la sustancia letal: en la eutanasia lo hace un profesional de la salud, mientras que en el suicidio asistido es la propia persona quien la utiliza de manera legal.
El proyecto que promueven también contempla la objeción de conciencia para médicos y trabajadores de la salud que no deseen participar de estas prácticas, garantizando que no estén obligados a intervenir en procedimientos contrarios a sus convicciones personales.
Además, los promotores consideran que la futura legislación debería analizar no solo situaciones vinculadas con enfermedades terminales o sufrimientos físicos irreversibles, sino también determinados casos de padecimientos relacionados con la salud mental, bajo estrictos mecanismos de evaluación y supervisión.
Casos que impulsaron el debate
En los últimos años, varios casos judiciales reavivaron la discusión sobre el derecho a decidir el final de la vida. Entre ellos se destacaron los de Alfonso Oliva y Adriana Stagnaro, ambos diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), así como el de María del Carmen Ludueña, quien falleció este año tras permanecer siete años postrada y haber solicitado judicialmente el acceso a la asistencia médica para morir.
Mientras tanto, los impulsores de la campaña buscan que el Congreso habilite un "debate plural, informado y respetuoso", similar al que se desarrolló durante el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El objetivo es que especialistas, organizaciones y ciudadanos puedan exponer distintas miradas sobre una temática que continúa generando profundas discusiones éticas, jurídicas y sanitarias.