Después de casi diez años, este lunes 9 de febrero comenzará el juicio, a puertas cerradas y ante un jurado popular, contra dos policías acusados de abusar sexualmente de dos adolescentes que al momento de los presuntos hechos tenían 15 y 13 años, y estaban bajo la guarda del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), pero solo una de las víctimas ratificó la denuncia y llegó a esta instancia judicial.

Los imputados son el agente Ezequiel Alejandro García, quien está acusado de ser autor materialmente responsable por el delito de abuso sexual; y el cabo Samuel Enrique Morel, señalado como partícipe necesario. La acusación está a cargo de las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Rufatti, mientras que las defensas son ejercidas por los abogados Iván Vernengo, Damián Petenatti y Claudio Berón. La querella es representada por Guillermo Mulet y Leonardo Schoenfeld. El juez técnico designado para el desarrollo del juicio es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa.

El caso se remonta a julio de 2016. Según la acusación, las víctimas se habían retirado del hogar "Mujercitas" dependiente del Copnaf y, tras deambular por la ciudad, fueron interceptadas por un grupo de policías en la zona de la estación de trenes de calle Racedo. Allí, en el interior de los vagones abandonados, se habría consumado el abuso sexual con acceso carnal. "A pesar de los pedidos desesperados de la niña de 13 años, fue abusada sexualmente por ambas vías", detalló el abogado querellante, Guillermo Mulet, en diálogo con Elonce.

Los acusados y las penas solicitadas

En el banquillo de los acusados se sentarán dos exfuncionarios policiales, quienes actualmente se encuentran alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná tras dictárseles la prisión preventiva días atrás.

En la oportunidad, Mulet anticipó que para García se solicita una pena de 13 años y 6 meses de cárcel; mientras que para Morel, una condena de 9 años de prisión por haber facilitado el ataque.

Cabe destacar que el resto de los efectivos implicados en el caso ya reconocieron su culpabilidad y recibieron condenas condicionales "por su participación secundaria" en instancias de juicios abreviados.

Una demanda civil contra el Estado

Además de la pata penal, el querellante resaltó que este proceso es pionero en el país. "Hace casi 10 años atrás, entablamos una acción civil contra el Estado Provincial por la responsabilidad que le cabe en el caso, porque las niñas estaban bajo su cuidado porque supuestamente corrían peligro en su hogar familiar y terminaron abusando de ellas quienes debían protegerlas", explicó. De hecho, reveló que su representada -hoy una mujer de 23 años- "en aquel momento también habría sufrido algún tipo de abuso, por eso el Copnaf se hizo cargo de ella".

"Es el primer caso en el país donde, a la par de un juicio por jurados, existe una acción civil contra el Estado y contra quienes llevaron adelante los actos lesivos", subrayó el letrado.

“La carga probatoria contra los autores materiales del abuso sexual es muy importante. Ahora el caso debe ser sometido al veredicto del jurado y aguardaremos su decisión, pero entendemos que los elementos reunidos son más que suficientes para que se los declare culpables. Luego será el juez técnico quien, en la audiencia de cesura, de existir un veredicto de culpabilidad, dicte la sentencia penal en cuanto a los años de prisión y también la indemnización que le correspondería a la víctima", explicó Mulet. Y cerró: "Se trata de funcionarios del Estado, policías que debían cuidarla y protegerla y terminaron abusando sexualmente de ella.

Al ser consultado sobre por qué el juicio llega una década después, Mulet apuntó a las "dilaciones recursivas de los imputados" y a la complejidad de las pericias de geolocalización de patrulleros y teléfonos para ubicar tanto a las víctimas como a los victimarios en el lugar de los hechos, además de declaraciones de testigos y peritos.

Asimismo, lamentó la falta de acompañamiento estatal a la víctima, quien hoy tiene 23 años: "Inmediatamente después de los hechos fue devuelta a sus padres y jamás el Estado se hizo cargo de asistirla de manera alguna, aun cuando en ese momento era una niña", denunció.