La Justicia investiga una presunta administración infiel vinculada con la liquidación de una importante empresa familiar de Gualeguaychú, luego de una denuncia que puso bajo análisis la venta de cuatro inmuebles y cuatro camiones y el destino del dinero obtenido mediante esas operaciones. En el marco de la causa se realizaron allanamientos en distintos domicilios y se secuestró documentación que será sometida a peritajes.

El fiscal Lucas Pascual explicó que la investigación comenzó aproximadamente un mes atrás a partir de una presentación realizada ante la Fiscalía. Según detalló, la firma se encontraba en proceso de liquidación y había designado a una persona, integrante de la propia familia, para encargarse de vender parte de los bienes y posteriormente incorporar el dinero obtenido al patrimonio de la sociedad, publicó Radio Máxima.

“Es una empresa de una familia, donde habían designado a una persona para liquidar la empresa, quien tenía facultades de vender bienes muebles, como automotores, e inmuebles, para luego introducir ese patrimonio en la caja de la empresa”, explicó Pascual. Sin embargo, señaló que durante una asamblea realizada el año pasado quedó asentado que “el dinero por las ventas no habría ingresado a las cuentas” y aclaró que precisamente esa circunstancia es la que ahora busca determinar la investigación.

Allanaron al exliquidador, un comprador y un escribano

A partir de las medidas ordenadas en la causa, fueron allanados el domicilio del hombre que se había desempeñado como liquidador de la empresa, una escribanía y el domicilio y lugar de trabajo de una de las personas que adquirió bienes de la firma. La Fiscalía busca reconstruir cómo se realizaron las operaciones y determinar qué ocurrió con los fondos.

“Lo que se investiga es administración infiel, es decir que una persona vendió muebles e inmuebles y no rindió cuentas”, indicó Pascual. No obstante, remarcó que la causa se encuentra en una instancia inicial y que todavía deberán analizarse los elementos obtenidos durante los procedimientos antes de establecer eventuales responsabilidades.

El fiscal explicó que también se analiza la actuación del comprador de los cuatro inmuebles y del escribano que intervino en esas operaciones. En ese sentido, señaló que se busca establecer “si hubo algún tipo de connivencia de liquidador y escribano con la persona que compró el inmueble”. Se trata, hasta el momento, de una hipótesis bajo investigación y no de una responsabilidad judicialmente determinada.

Una disputa dentro de una empresa familiar

Otro aspecto particular del expediente es que el conflicto se produjo dentro de una sociedad integrada por miembros de una misma familia. “Tanto el denunciante como el denunciado son familia. El liquidador es parte de la empresa familiar”, explicó Pascual al brindar detalles sobre el origen del caso.

La situación habría quedado expuesta durante una asamblea celebrada en diciembre pasado, cuya realización había sido solicitada por otra parte de la sociedad y que contó con intervención de un Juzgado Civil y Comercial de Buenos Aires, debido a que el domicilio societario de la firma está radicado en esa jurisdicción.

“Cuando se debate sobre la venta, le solicitan al liquidador que informe dónde está el dinero, y esto no fue informado”, sostuvo el fiscal. El hombre que había cumplido esa función posteriormente fue apartado de ese rol, aunque continuó siendo socio de la empresa, que actualmente permanece sin actividad y en proceso de liquidación.

Documentos, computadoras y dinero secuestrado

Los procedimientos permitieron obtener diferentes elementos que ahora deberán ser examinados. Entre ellos se encuentran documentación relacionada con las operaciones inmobiliarias, computadoras, libros de la escribanía, papeles y dinero hallado durante uno de los allanamientos.

“Se secuestraron documentos relacionados con la venta, la computadora del comprador, el libro de la Escribanía, también se allanó la casa del liquidador y se secuestró computadora, dinero, papeles”, enumeró Pascual. Aclaró que todo ese material deberá ser analizado para establecer si aporta elementos relevantes a la investigación.

Paralelamente, la Fiscalía solicitará información a entidades bancarias con el objetivo de reconstruir el movimiento del dinero. “Nosotros a la vez [vamos a] pedir informes a todos los bancos, para ver si esa plata entró o no a la cuenta del liquidador, porque acá lo que todos se preguntan es dónde está el dinero”, afirmó.

Cuatro inmuebles y cuatro camiones bajo análisis

Según precisó el representante del Ministerio Público Fiscal, las operaciones investigadas involucraron cuatro inmuebles y cuatro camiones, aunque no todas las transacciones se encuentran bajo el mismo grado de sospecha. Los bienes fueron adquiridos por dos compradores diferentes.

“Son cuatro camiones y cuatro inmuebles, y la venta no se resolvió en una asamblea, y el dinero hasta ahora no ha aparecido. Es un monto elevado en dólares”, indicó Pascual. Respecto de los vehículos, aclaró que existe otro comprador y que, hasta esta etapa de la investigación, “no hay evidencias de una maniobra delictiva” vinculada con esa adquisición.

En cambio, sobre las propiedades también se analiza una cuestión relacionada con los valores declarados en las operaciones. De acuerdo con lo planteado por la querella, los inmuebles habrían sido vendidos por debajo del precio que surgiría de una tasación.

La investigación recién comienza

La Fiscalía deberá ahora avanzar con el análisis de los dispositivos electrónicos, documentación societaria, registros notariales y movimientos bancarios. Esos elementos serán determinantes para establecer si el dinero proveniente de las ventas ingresó efectivamente al patrimonio de la sociedad o tuvo otro destino.

Pascual insistió en que la investigación se encuentra en una etapa preliminar. “Se investiga al liquidador, al comprador y al escribano, pero todavía es muy prematuro”, remarcó al referirse a la situación procesal de las personas alcanzadas por las medidas.

El eje de la causa estará puesto en reconstruir las operaciones realizadas durante la liquidación de la firma, determinar las condiciones en las que fueron vendidos los bienes y establecer el destino del dinero. A partir de las pruebas reunidas, la Fiscalía deberá definir posteriormente si existió una maniobra compatible con el delito de administración infiel y si hubo participación de otras personas.