Coimas para evitar largas filas en la frontera con Paraguay fue el eje de una investigación judicial que dejó al descubierto una presunta red de corrupción en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta Posadas con Encarnación. La causa, que se tramita en la Justicia federal de Misiones, involucra a 24 gendarmes y 22 agentes aduaneros, además de trabajadores de frontera.

El expediente quedó a cargo de la jueza federal María Verónica Skanata y se centra en maniobras ilegales destinadas a facilitar el ingreso y egreso irregular de mercaderías y personas mediante el pago de sobornos. Según la investigación, los involucrados permitían evitar largas filas en el paso internacional y, en algunos casos, facilitaban operaciones de contrabando.

De acuerdo a fuentes del caso, la pesquisa se inició a partir de una denuncia interna de la propia Gendarmería en 2022, cuando se detectaron irregularidades en el accionar de algunos efectivos que cobraban coimas a taxistas, remiseros y los denominados “paseros” paraguayos.

Allanamientos simultáneos y millonario secuestro

Como resultado de la investigación, el 16 de marzo se llevaron adelante 38 allanamientos simultáneos en la ciudad de Posadas, en el marco del expediente FPO 2837/2025. Los procedimientos fueron realizados por la Unidad de Inteligencia Criminal “Misiones”.

Durante los operativos, se secuestraron importantes sumas de dinero en distintas monedas: más de 57 millones de pesos argentinos, 37.202 dólares, 947.000 guaraníes, 6.071 reales y hasta 17 pesos cubanos. También se incautaron 62 teléfonos celulares y múltiples dispositivos electrónicos.

Entre los elementos hallados se contabilizaron 26 tarjetas de memoria, una tarjeta SIM, 19 tarjetas de crédito y débito, cámaras de seguridad y equipos DVR, ocho notebooks, tres cámaras fotográficas, una caja fuerte, además de documentación considerada clave para la causa.

Elementos incautados y posibles pruebas clave

El procedimiento también permitió secuestrar objetos que podrían estar vinculados a la operatoria ilegal, como un posnet, dos módems, un GPS y diversos artículos de uso cotidiano. Asimismo, se encontraron 649 cigarrillos extranjeros, lo que reforzaría la hipótesis de contrabando.

Entre los elementos más sensibles se destacaron dos armas de fuego y 102 municiones de distintos calibres, lo que sumó gravedad a la investigación. Además, se incautaron seis cubiertas de camión y 17 vasos térmicos, presuntamente relacionados con el circuito comercial irregular.

Los investigadores ahora analizan los registros electrónicos y la documentación secuestrada, con el objetivo de reconstruir el funcionamiento de la red y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.

Funcionarios y trabajadores bajo la lupa

La causa no solo alcanzó a integrantes de Gendarmería, sino también a 22 agentes de la Administración de Rentas de la provincia de Misiones (ARCA), quienes fueron allanados y quedaron supeditados al expediente judicial.

En paralelo, 25 trabajadores paraguayos de frontera —conocidos como “paseros”— también quedaron bajo investigación, en el marco de un esquema que habría operado durante años para agilizar el cruce de personas y mercaderías a cambio de dinero.

Pese a la magnitud del caso, fuentes judiciales indicaron que hasta el momento no se concretaron detenciones. Una de las versiones señalaba limitaciones en la capacidad de alojamiento en dependencias de la fuerza, aunque esta explicación fue desmentida oficialmente por Gendarmería.

Una causa con antecedentes y demoras

El avance de la investigación tuvo idas y vueltas. En su etapa inicial, el expediente fue archivado durante el primer año, pero volvió a reactivarse en 2024 tras la incorporación de nuevas pruebas.

Posteriormente, en diciembre de 2025, Gendarmería solicitó las medidas que finalmente se concretaron con los allanamientos recientes. Durante ese período, y pese a los cambios de jueces, la presunta red habría continuado operando.

En ese contexto, los gendarmes involucrados fueron apartados de sus funciones y se estima que podrían ser pasados a disponibilidad, con la posibilidad de ser expulsados de la fuerza una vez que avance el proceso judicial.

Impacto institucional y continuidad de la causa

El caso generó un fuerte impacto institucional, dado que fue la propia fuerza de seguridad la que impulsó la denuncia inicial, lo que evidenció tensiones internas y la necesidad de depurar responsabilidades.

Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de las pruebas recolectadas y la eventual determinación de responsabilidades penales. No se descartan nuevas medidas judiciales en función de los resultados de las pericias.

La causa por coimas en la frontera con Paraguay se convirtió así en uno de los expedientes más relevantes en materia de corrupción en pasos internacionales, con posibles implicancias tanto en el control fronterizo como en la lucha contra el contrabando.