La intimación a Unionbat por las indemnizaciones de los 100 trabajadores despedidos profundizó el conflicto laboral generado tras el cierre de la fábrica de baterías instalada en el Parque Industrial de Gualeguaychú. El gremio de Químicos y Petroquímicos otorgó a la empresa un plazo de 48 horas para efectuar los pagos pendientes.

Martín Gómez, responsable gremial del sector, afirmó que la compañía incumplió los compromisos asumidos ante la Secretaría de Trabajo. El conflicto había comenzado el 26 de junio, cuando la firma comunicó las desvinculaciones y cerró la planta.

Según explicó el dirigente a Radio Plaza, durante una audiencia realizada el 4 de agosto la empresa había asegurado que disponía de los fondos necesarios para afrontar las indemnizaciones. Sin embargo, vencieron los plazos sin que los trabajadores recibieran el dinero y el sindicato envió telegramas de intimación.

Advirtieron que podrían pedir embargos

“En 48 horas la empresa tiene que depositar las indemnizaciones. Si no, haremos la ejecución de salario como corresponde y se le tendrán que embargar las cuentas y lo que tengan para que estos trabajadores puedan cobrar”, advirtió Gómez.

El sindicalista indicó que los reclamos no se limitaban a las indemnizaciones. Según precisó, también permanecían impagas las dos quincenas de julio y el salario correspondiente a agosto, que consideró que debía abonarse debido a que los empleados estuvieron alcanzados por el período de conciliación obligatoria.

Gómez sostuvo además que el cierre sorprendió a los trabajadores porque, pocos días antes, representantes de la compañía habían transmitido expectativas favorables sobre la actividad. “Tuvimos una reunión con gerencia de Buenos Aires y ellos veían una buena expectativa para los meses que venían porque habían subido las ventas. Y a los tres o cuatro días nos cierran la fábrica y los echan a todos; muy raro todo”, relató.

Reclamos por la situación de los despedidos

El representante gremial también manifestó preocupación por las dificultades que podrían enfrentar los operarios para reinsertarse laboralmente. Muchos de los afectados acumulaban años de experiencia en tareas específicas de la actividad industrial.

En ese marco, Gómez cuestionó la respuesta política ante el conflicto y afirmó: “El intendente nunca llamó”. También criticó que el bloque de La Libertad Avanza no acompañara una declaración de solidaridad con los trabajadores en el Concejo Deliberante.

Finalmente, reclamó la intervención del secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano. “Acá tiene dos casos: Unionbat con 100 trabajadores y laboratorios Pyam con 20 trabajadores que no cobraron. Que se ponga a trabajar con eso”, concluyó.