El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) participó de la instancia de análisis legislativo del proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de la provincia, impulsado por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de expresar su posición respecto de los cambios propuestos para la regulación de los honorarios periciales.

En representación de la institución participaron su presidente, Ing. Celso Beltrame; el presidente de la Comisión de Peritos del Colegio, Ing. Iván Arcusin; y el asesor legal, Dr. Enrique Martínez, quienes expusieron su preocupación por las consecuencias que podría generar la iniciativa, que establece un límite máximo de ocho juristas para los honorarios periciales y desvincula su regulación del monto de la sentencia.

Durante su intervención, Beltrame destacó la importancia del trabajo que realizan los profesionales de la ingeniería en el ámbito judicial, particularmente en pericias vinculadas con la seguridad e higiene laboral y los aspectos técnicos de las industrias.

“Desde el colegio consideramos fundamental que las modificaciones normativas contemplen la realidad del trabajo pericial, sus exigencias técnicas y los tiempos que demanda la administración de justicia. Una retribución adecuada no constituye solamente una cuestión vinculada con los ingresos profesionales: también resulta relevante para sostener la participación de especialistas independientes y asegurar la calidad de las pruebas técnicas que contribuyen a la resolución de los conflictos judiciales”, manifestó Beltrame.

En este sentido, agregó: “Estamos preocupados por lo que nos transmiten nuestros matriculados. Existe un desánimo generalizado para continuar trabajando en la Justicia, porque sienten que son el eslabón más delicado de la cadena: cobran poco y muy a destiempo respecto del momento en que realizan su trabajo”.

A su vez, advirtió que la inflación agrava la situación, ya que los honorarios pierden valor durante los prolongados tiempos que demanda la resolución de las causas. Esta realidad, sostuvo, lleva a que cada vez más profesionales rechacen las designaciones judiciales, con el consecuente riesgo de afectar la disponibilidad de especialistas calificados.

La importancia de una retribución acorde al trabajo técnico

Por su parte, el Ing. Iván Arcusin, presidente de la Comisión de Peritos del CIEER, remarcó que el objetivo debe ser construir una legislación justa y equitativa para todas las partes, sin trasladar el peso de las modificaciones sobre quienes aportan conocimientos técnicos especializados al proceso judicial.

“Todos compartimos el objetivo de lograr una ley justa y equitativa que resguarde a todas las partes, pero cortar el eslabón más débil de la cadena no es la solución”, afirmó.

Arcusin explicó que la labor pericial de los ingenieros comprende tareas que van mucho más allá de la elaboración de un informe: incluye análisis, inspecciones, ensayos y la defensa técnica de las conclusiones ante los tribunales. Por ello, consideró que un límite uniforme, desvinculado de las características de cada intervención, puede generar retribuciones desproporcionadas y desalentar la participación de profesionales especializados.

Asimismo, advirtió sobre el volumen de causas que debería afrontar un eventual cuerpo oficial de peritos, teniendo en cuenta la cantidad de juicios laborales que se registran anualmente en la provincia. En ese marco, el Colegio solicitó revisar la iniciativa y garantizar la participación de las entidades profesionales en la regulación de los honorarios, como una forma de preservar la calidad y la independencia de la labor pericial.

Un debate con consecuencias para el sistema judicial

A su turno, el Dr. Enrique Martínez, asesor legal del CIEER, señaló que el planteo del Colegio coincide en varios aspectos con las observaciones realizadas por otras entidades profesionales, entre ellas el Colegio de Cs. Económicas.

Martínez remarcó que la propuesta provincial establece un techo para los honorarios y los desvincula del monto de la sentencia, a diferencia de otros esquemas normativos que mantienen una relación entre la retribución y la cuantía económica del juicio. También advirtió que una modificación de estas características podría deteriorar los ingresos de los peritos y favorecer el desplazamiento de profesionales hacia otros fueros.