Un nuevo capítulo se suma al proceso de oposición al modelo actual de gestión de la Hidrovía del Paraná. Este martes, organizaciones ambientales y sociales presentaron un reclamo administrativo ante la Agencia Nacional de Puerto y Navegación. El objetivo es exigir una evaluación de impacto ambiental estratégica que incluya la participación activa de la ciudadanía.

En diálogo con Elonce, Martha Arriola, coordinadora del espacio “Cuidadora de la Casa Común”, confirmó: “Se presentó un reclamo administrativo firmado por muchos de quienes estamos en esta remada”, sostuvo durante su intervención en el programa Debate.

La dirigente rememoró la gesta del colectivo Remar Contracorriente: “Lo entendemos como un primer paso o como la continuidad de una lucha histórica”, indicó, destacando que este nuevo paso busca llevar el reclamo del pueblo a los canales institucionales correspondientes.

Reclamo ante la Agencia Nacional de Puerto y Navegación

Arriola explicó que el reclamo administrativo fue dirigido concretamente a la máxima autoridad del nuevo organismo creado por el Gobierno nacional. “Ahora se abrió un camino judicial. Queremos contar que en el día de la fecha se presentó un reclamo administrativo firmado por muchos de quienes estamos en esta remada, pidiéndole concretamente a quién es el director de la agencia que crea el Gobierno nacional, que es la Agencia Nacional de Puerto y Navegación”, detalló.

Según afirmó, el pedido incluye una crítica directa al modo en que se están desarrollando las instancias de discusión sobre la Hidrovía: “Este reclamo administrativo está planteando parte de lo que venimos ya diciendo: por un lado, según trascendidos de prensa, hubo una reunión en la Bolsa de Comercio y hoy también está convocada una en el Centro Cultural Néstor Kirchner y hoy llamado Libertad. Convocan todos menos al pueblo organizado, que tenemos mucho para decir sobre esta cuestión”.

Preocupación por maniobras sin control ciudadano

El escrito presentado busca que se garantice una evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que conllevan las obras de dragado, y que se establezcan mecanismos concretos de consulta pública. “En este reclamo administrativo estamos pidiendo dos cosas: primero que se haga una evaluación de impacto ambiental estratégica, acumulativa y con una instancia clara y fuerte de participación ciudadana. Queremos participar y opinar”, subrayó Arriola.

Además, alertó sobre medidas que ya estarían en ejecución, sin consulta ni estudios previos: “La ministra Patricia Bullrich ya ha dado algunas directivas a Prefectura para hacer lugar a algunas maniobras en el río, que van a ir dragando de facto mientras la licitación se pone nuevamente en curso”, denunció.

La defensa del río Paraná, su ecosistema y el derecho ciudadano a opinar sobre su destino sigue siendo una bandera levantada por organizaciones de todo el país. El reclamo busca abrir un canal institucional y legal para poner freno a lo que consideran una política excluyente y ambientalmente riesgosa.