El Gobierno de Entre Ríos informó que logró regularizar 124.000 hectáreas de tierras fiscales, una superficie que representa aproximadamente el 65% del total existente en la provincia. Según detalló la administración provincial, gran parte de esos inmuebles se encontraba ocupada de manera irregular o sin mecanismos formales de control.
El proceso se desarrolló durante los últimos dos años mediante el programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales. La herramienta permitió establecer permisos onerosos para el uso del suelo, con el objetivo de formalizar situaciones existentes y comenzar a generar ingresos para la Provincia.
De acuerdo con la información oficial, la mayoría de las tierras fiscales comprendidas en este esquema están ubicadas en la zona del Delta entrerriano, principalmente en los departamentos Gualeguay y Victoria.
El objetivo de ordenar los inmuebles provinciales
La Provincia indicó que, al inicio de la actual gestión, una parte significativa del patrimonio territorial estatal se encontraba ocupada sin regularización. La ausencia de información actualizada dificultaba conocer con precisión quién utilizaba cada lote, bajo qué condiciones y qué recursos podían obtenerse por esos usos.
El programa pasó recientemente a ser administrado por la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), organismo creado para centralizar la gestión de inmuebles pertenecientes al Estado provincial.
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que “recuperar 124.000 hectáreas de tierras fiscales significa recuperar patrimonio que pertenece a todos los entrerrianos”. Además, afirmó que el objetivo es conocer los bienes existentes y establecer cómo deben ser administrados.
Relevamiento de unos 200 lotes
El presidente de Aabiper, Eduardo Asueta, explicó que se proyecta realizar un relevamiento detallado de aproximadamente 200 lotes de propiedad provincial. El trabajo buscará determinar las características productivas y el valor locativo de cada inmueble.
“Hoy carecemos de esa información y, en consecuencia, el costo de los permisos de uso se determina por criterios generales que no son del todo precisos”, señaló Asueta. Según explicó, esa situación puede derivar en un aprovechamiento menor al potencial económico de las propiedades.
El funcionario agregó que la intención es conocer “a ciencia cierta el potencial de cada inmueble” para definir condiciones acordes con sus características y establecer valores de uso más precisos.
Un nuevo esquema para las tierras fiscales
La Aabiper también trabaja en un sistema público para administrar los contratos vinculados con las tierras fiscales y otros inmuebles de la Provincia. La propuesta contempla que diferentes interesados puedan participar en procedimientos para acceder a permisos onerosos de utilización.
Asueta señaló que el objetivo es que exista información disponible sobre el destino de cada propiedad y las condiciones bajo las cuales se encuentra utilizada. “La transparencia es la garantía de una administración sana y saludable”, expresó.
Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, las 124.000 hectáreas ya alcanzadas por el proceso representan el 65% de la superficie fiscal entrerriana. La administración pretende continuar con el relevamiento y extender la regularización al resto de los terrenos que permanecen pendientes.