Eliminaron programas para PYMES. El Gobierno profundizó su política de desregulación al suprimir varios programas dirigidos a las pequeñas y medianas empresas, con el argumento de que eran “distorsivos de los precios”. La decisión fue oficializada a través del Decreto 339/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La norma derogó iniciativas creadas por las Leyes N° 24.467 y 25.872, al considerar que “resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado y atentando contra lo ordenado mediante el Decreto Nº 70/23”.

En el mismo sentido, el Ejecutivo sostuvo que “deviene necesario avanzar hacia un modelo económico que promueva la desregulación y la eliminación de barreras e incentive el libre mercado”, en línea con el DNU 70/23 y las facultades que le otorga la Ley Bases.

Recorte de funciones estatales y reasignación de recursos

Según el texto oficial, “en el contexto actual, en el que las políticas del Gobierno Nacional se enfocan en reducir la intervención estatal y en maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, resulta imperioso revisar aquellas funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal”.

La argumentación del decreto hace foco en “asegurar que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva”. Bajo esa premisa, y con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, se dejó sin efecto un conjunto de artículos de las leyes mencionadas.

Concretamente, quedaron anulados los artículos 12 al 14, 16 al 23 y 105 de la Ley 24.467 y los artículos 1º al 9º y del 12 al 14 de la Ley 25.872, que conformaban el marco legal de diversos programas de fomento productivo.

Críticas y cuestionamientos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en su cuenta de X, donde calificó los programas eliminados como “ineficientes, discrecionales y estériles” y afirmó que representaban “un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados”.

“Entre estos programas había agencias que nunca se desplegaron, programas sin ejecución, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, vínculos forzados entre PyMEs y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad, apoyo tecnológico e internacionalización que no lograron nada, y una burocracia costosa sin impacto”, sostuvo el funcionario.

A modo de ejemplo, mencionó el Programa de Promoción de la Competitividad PyME, que en el proyecto de presupuesto 2025 preveía asistir a 150 empresas. “En Argentina existen más de 500.000 PyMES”, señaló.

En esa línea, Sturzenegger consideró que se trataba de “un modelo para pocos (el 0,03% de las PYMES), quizás amigos del poder, y seguramente de CABA (porque la regulación también es eminentemente antifederal)”.

El funcionario libertario concluyó que “una política PyME no son programas vacíos ni planes marketineros, se construye con una macro estable, menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir”.

Programas cancelados

Sistema de información MIPyME: operado mediante agencias regionales, con el objetivo de recolectar y difundir información comercial, técnica y legal de interés para la micro, pequeña y mediana empresa.

Red de Agencias de Desarrollo Productivo: con el objeto de brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el fin de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región.

Programa de Desarrollo de Proveedores: dispuesto para optimizar la vinculación entre las empresas PYMES proveedoras y las grandes empresas y, a su vez, tomar los recaudos necesarios para que el mencionado Programa incorpore paulatinamente a sus propios proveedores PYMES.

Consorcios de empresas PYMES: se promovía su constitución con particular énfasis en aquellos vinculados con la exportación, de forma tal de orientarlos hacia el aprovechamiento de las ventajas de localización adecuada, economías de escala, masa crítica de oferta, entre otros, que caracteriza a este tipo de asociaciones.

Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las PYMES: creado con el objetivo de mejorar la capacidad de gerenciamiento, ampliar el conocimiento de los mercados e inducir conductas empresariales que permitan dar respuestas adecuadas a la constante evolución de los mismos.

Comisión Especial de Seguimiento: encargada de evaluar el impacto de la ley sobre el empleo, el mercado de trabajo y la negociación colectiva, como así también de intervenir como mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de la aplicación del capítulo laboral de dicha norma, y que las partes interesadas decidieran someterle.

Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven: organismo designado como autoridad de aplicación de la Ley N° 25.872.