El Senado de la Nación sancionó este jueves dos proyectos vinculados con el régimen de propiedad en Argentina: la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y una ley de inviolabilidad de la propiedad privada que restableció restricciones a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros. Las iniciativas fueron aprobadas con 47 votos a favor y 22 en contra, y 42 votos positivos y 26 negativos, respectivamente.
La aprobación del tratado internacional permitió completar el trámite legislativo de una iniciativa que había recibido el aval del Senado en 1998, pero que regresó a la Cámara alta después de las modificaciones introducidas por Diputados en agosto de este año.
En paralelo, la ley de propiedad privada recuperó disposiciones de la normativa de tierras rurales sancionada en 2011. Entre ellas, se estableció un máximo del 15% de titularidad extranjera, un límite del 30% para personas de una misma nacionalidad y un tope de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo.
Qué establece el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
La adhesión al PCT forma parte de los compromisos comerciales internacionales asumidos por Argentina. Su aprobación está vinculada con el entendimiento comercial con Estados Unidos y con los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre el bloque sudamericano y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
El tratado busca simplificar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países mediante una presentación internacional. Sin embargo, durante su tratamiento legislativo surgieron diferencias respecto del alcance de algunas disposiciones.
La Cámara de Diputados había dejado en reserva el capítulo II, relacionado con el procedimiento de examen preliminar internacional. La decisión respondió, entre otros factores, a las objeciones planteadas por laboratorios nacionales.
Las objeciones de los laboratorios nacionales
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el denominado evergreening, una práctica mediante la cual las empresas pueden intentar prolongar la protección comercial de medicamentos existentes a través de modificaciones secundarias. Desde el sector farmacéutico nacional advirtieron que determinadas disposiciones podrían favorecer la presentación de solicitudes sobre cambios menores en medicamentos, sin mejoras terapéuticas significativas.
También expresaron preocupación por el papel del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), ante la posibilidad de que informes internacionales condicionaran las evaluaciones realizadas por el organismo argentino. Durante el debate, el senador libertario Francisco Paoltroni, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, defendió la iniciativa.
“El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una startup tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”, explicó. Cabe aclarar que el PCT facilita la presentación y tramitación internacional de solicitudes, pero no concede automáticamente una patente válida en todos los países miembros. La protección definitiva depende de los procedimientos y decisiones de cada jurisdicción.
Venta de tierras a extranjeros: cuáles son los límites
La segunda iniciativa sancionada por el Senado estableció nuevas disposiciones para proteger la propiedad privada y recuperó restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El texto reincorporó tres límites centrales:
15%: porcentaje máximo de tierras rurales que podrán estar en manos extranjeras.
30%: límite de participación correspondiente a personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad dentro del cupo extranjero.
1.000 hectáreas: superficie máxima prevista para la denominada zona núcleo, con las equivalencias que correspondan según la ubicación.
Estas disposiciones retomaron aspectos de la legislación de 2011 sobre tierras rurales y formaron parte de una reforma más amplia, que también incluyó modificaciones vinculadas con las expropiaciones y los desalojos.
Expropiaciones: cambios en las indemnizaciones
Uno de los capítulos de la ley abordó las condiciones bajo las cuales el Estado puede disponer una expropiación por razones de utilidad pública. La iniciativa estableció que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y precisar el objetivo que justifica la medida. “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”, indicó el articulado.
En cuanto a las indemnizaciones, la normativa dispuso que se considerará el valor objetivo del bien, tomando como referencia su valor de mercado cuando pueda determinarse, además de los daños directos e inmediatos ocasionados por la expropiación.
El texto excluyó de ese cálculo las circunstancias personales, los valores afectivos, las ganancias hipotéticas y el incremento de valor que pudiera generar el proyecto que motivó la expropiación.
Qué establece la ley sobre el lucro cesante
La iniciativa también contempló la posibilidad de reconocer el lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario hubiera dejado de percibir como consecuencia directa de la expropiación.
Para su reconocimiento, deberá existir una acreditación mediante pruebas objetivas, concretas y suficientes, sin duplicar conceptos ya incluidos en la indemnización.
Además, se fijó como regla general que ese reconocimiento no podrá superar el equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el propietario demuestre fehacientemente una afectación superior.
Regularización de viviendas y nuevas condiciones para desalojos
Otro apartado de la ley incorporó disposiciones para ocupantes de inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente. Según el texto aprobado, podrán acceder a los beneficios previstos quienes acrediten una posesión con causa lícita, pacífica, ostensible y continua durante al menos diez años anteriores a la solicitud, siempre que cumplan con las demás condiciones establecidas, detalló Infobae.
La normativa también introdujo requisitos para los desalojos habitacionales por falta de pago de alquileres.
En esos casos, antes de iniciar la demanda judicial, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino para que abone la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación.