El Gobierno nacional tiene prevista para este lunes la firma de acuerdos con cámaras empresarias y compañías para reforzar la detección de contrabando, falsificaciones y mercadería comercializada irregularmente. El esquema incluye intercambio de información, cruces con registros aduaneros y mecanismos para retirar publicaciones de productos ilegales en plataformas digitales.
La iniciativa comprende convenios marco con la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades, además de entendimientos específicos con Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar. La reunión con funcionarios de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa estaba programada para las 11.
Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, una de las novedades será la incorporación de Mercado Libre al mecanismo de identificación y baja de publicaciones. Ese procedimiento ya se utilizaba con Meta, propietaria de Facebook e Instagram.
Qué productos se controlarán en Mercado Libre
En Mercado Libre, la primera etapa abarcará cinco categorías: notebooks, teléfonos celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos. Los controles buscarán identificar posibles irregularidades en la mercadería ofrecida.
Los acuerdos específicos contemplan reportes trimestrales e intercambio de datos que podrán cruzarse con registros de la Dirección General de Aduanas y la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Esa información se utilizará para detectar productos sospechosos y analizar su procedencia.
Cuando se identifique que una publicación ofrece mercadería proveniente de operaciones ilegales, el mecanismo permitirá gestionar su baja. El esquema forma parte de las acciones previstas contra el contrabando y el comercio ilícito en canales digitales.
El alcance de los convenios con las empresas
Los convenios marco incluirán a la UIA, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, AFARTE y la Asociación de Supermercados Unidos. También comprenderán a las empresas participantes de los acuerdos específicos.
Mientras los instrumentos generales establecerán pautas de cooperación, los específicos definirán cómo se compartirá la información y qué mecanismos de fiscalización se aplicarán. No todos los participantes asumirán, por lo tanto, los mismos compromisos.
En el caso de la UIA, las fuentes industriales aclararon que el convenio marco no obliga a la entidad ni a sus empresas asociadas a entregar datos. La participación será voluntaria y requerirá la firma de acuerdos particulares.
Coordinación con organismos y seguimiento de los controles
El entendimiento con la UIA abarcará tanto las ventas físicas como las digitales. Prevé herramientas tecnológicas, revisión normativa y coordinación con ARCA, la Autoridad Nacional de la Competencia, el INPI, SENASA y ANMAT para actuar frente al contrabando, el fraude aduanero y las falsificaciones.
También se conformará una mesa permanente entre el Gobierno y la entidad industrial, con un plan de trabajo semestral y seguimiento trimestral. La agenda dará continuidad a las gestiones que la organización desarrolla desde 2025 con sus cámaras asociadas.
Según estimaciones de la UIA, el comercio ilícito representa alrededor del 5% del PBI y genera pérdidas fiscales por US$2.300 millones anuales. En su tercera encuesta, el 60% de las empresas industriales declaró estar afectado por el comercio desleal y el 40% identificó competencia ilegal en canales electrónicos.