El Gobierno nacional postergó para octubre parte del aumento de impuestos a los combustibles que debía comenzar a tener efecto desde septiembre y volvió a modificar el cronograma correspondiente a naftas y gasoil.
La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 829/2026. La medida alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono. La normativa estableció un nuevo diferimiento para los incrementos remanentes derivados de actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y los primeros trimestres de 2026.
El esquema vigente establecía que desde el 1º de septiembre comenzarían a surtir efecto incrementos pendientes correspondientes a actualizaciones anteriores sobre la nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
A esos componentes se iban a sumar actualizaciones correspondientes al segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el mecanismo establecido para los tributos sobre los combustibles.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió modificar nuevamente el cronograma y trasladar hacia octubre parte de esos efectos impositivos.
Cómo funcionan los impuestos
La legislación establece montos fijos por unidad de medida para determinar tanto el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos como el Impuesto al Dióxido de Carbono.
Esos valores deben actualizarse trimestralmente sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC.
Sin embargo, durante los últimos períodos diferentes decretos fueron postergando sucesivamente la aplicación efectiva de las actualizaciones, lo que generó incrementos acumulados pendientes.
Qué puede pasar con los precios
El nuevo decreto significa que una parte de la carga impositiva pendiente no comenzará a tener efecto en septiembre como estaba previsto y será diferida.
Esto no implica, sin embargo, un congelamiento del precio de los combustibles. Las empresas pueden modificar los valores de naftas y gasoil por otros componentes vinculados con la estructura de costos y su política comercial.
La medida tendrá impacto potencial sobre automovilistas, transportistas y sectores productivos, debido a la incidencia que tienen los combustibles en los costos de movilidad y logística.